En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó en lo general y de manera unánime la iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar las actividades de halconeo, por lo que la pena máxima por este delito sería de 13 años y medio.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, expuso ante los diputados el trabajo previo de consulta y análisis de la propuesta emitida por el grupo parlamentario del PAN.
“Por medio de dicha actividad (halconeo) las redes del crimen organizado pretenden obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para conocer y avisar a terceros la ubicación y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”, expresó.
Abundó que también esto incentiva el involucramiento de las comunidades donde se tiene presencia de grupos delictivos, lo que resulta en una mayor descomposición del tejido social, en clara referencia a los sucedido en reiteradas ocasiones en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán.
PARA POLICÍAS Y FUNCIONARIOS
Por ello, se propuso modificar el artículo 222-a para establecer una pena mayor a servidores públicos del estado y los municipios en activo que faciliten información para la realización de conductas delictivas.
También se contempla su destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública (...) se le sancionará con tres a nueve años de prisión y de 30 a 90 días de multa”, se lee en el dictamen.
Si el imputado es integrante de alguna institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se aumentará hasta con una mitad del máximo de la pena arriba señalada, es decir, 13 años y 6 meses de prisión.
PARA CIUDADANOS
También se adicionó el artículo 222-b para sancionar con hasta 7 años y medio de prisión y 75 días de multa a civiles que sean encontrados culpables de acechar, vigilar, o proporcionar información sobre las actividades oficiales de integrantes de instituciones de seguridad pública, con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito.
La pena aumentará hasta en una mitad del máximo, equivalentes a 10 años y 6 meses de prisión, cuando este delito se cometa por ex agentes policíacos, de procuración, administración de justicia o ejecución de penas, y además serán inhabilitados para desempeñar cargos públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Los mismos cargos se aplicarán cuando se utilice a menores de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y cuando se utilicen equipos que permitan la intervención, escucha o transmisión de información de los canales de comunicación oficiales de instituciones de seguridad pública.
“Ya que se trata de información, esta actividad es altamente redituable para el crimen organizado, en términos estratégicos y logísticos y se vuelve incluso más atractiva al tomar en cuenta que en la actualidad, la legislación de nuestro estado no contempla una sanción específica para las actividades de 'halconeo'”, expresó en tribuna la también impulsora de la iniciativa.
Márquez Alcalá especificó que con esta iniciativa no pretende castigar o sancionar otro tipo de labores, como la periodística por ejemplo, para lo cual se propusieron supuestos concretos para la tipificación del delito.
Tras la exposición de motivos, la iniciativa se sometió a votación de los 34 diputados, quienes de manera unánime la aprobaron.
Cabe señalar que este tipo de sanciones ya se encuentran en el marco normativo de otras entidades como: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México y Nuevo León.
La reforma será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en consecuencia, su entrada en vigor al día siguiente.