Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local aprobó diversas modificaciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia familiar y al personal médico que labora en el sector salud.
- Te recomendamos Nuevo León suma 82 muertes por covid-19 y 2 mil 166 casos Ciencia y Salud
En la Comisión virtual a través del sitio oficial, Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión, indicó que a quien cometa el delito de violencia familiar se le debe imponer una pena de 3 a 7 años de prisión, y precisó que la pena se aumentará en una mitad, si la violencia es cometida en contra de una mujer embarazada.
Además, se aprobó incluir como parte de lesiones cometidas en contra de las mujeres, el uso de ácidos y sustancias corrosivas.
La diputada del Partido Verde Ecologista, Ivonne Bustos, destacó que el Congreso local se “está adelantando”, al reformar diversos artículos para la protección de las mujeres y adolescentes.
“Esta iniciativa que estamos promoviendo muchas diputadas de los 32 Congresos del País, lamentablemente ha cobrado más víctimas, como el caso de una saxofonista en Oaxaca, que ya se está haciendo justicia”, aseveró.
En cuanto a las modificaciones para proteger a los médicos y enfermeras, Ibarra dijo que, en algunos hospitales, han sido atacados por ciudadanos debido a la desinformación que existe en torno al covid-19.
“Se acordó establecer sanciones para quienes dañen, destruyan y ataquen las instalaciones pertenecientes al sistema estatal de salud y hospitales. La medida también aplicaría para quien lesione a médicos, cirujanos y personal de enfermería.
“Las penas se aumentarán hasta el doble de las contenidas en el artículo 331, fracción I y II, o en el artículo 302, y con una multa de 100 a 500 cuotas”, se lee en el dictamen.
En la misma sesión se acordó tipificar como delito a quien agreda al personal médico, además de incluir un capítulo denominado “Peligro de Contagio”, esto con el fin de multar a quien tenga conocimiento de que padece una enfermedad grave y transmisible y que ponga “dolosamente” en riesgo a otro.
“Si quien con conocimiento de que padece alguna enfermedad grave y transmisible dolosamente ponga en la salud de otro en peligro de contagio, se aplicará de 3 meses a 3 años de prisión, una multa de 100 a 400 cuotas, si se tratara de una enfermedad incurable, la sanción se incrementará en un tanto más, este delito se perseguirá por querella de la víctima u/o el ofendido”, leyeron.
En el debate virtual, el secretario técnico, Ramiro González, dijo que en estos momento las agresiones al personal médico cobran mucha importancia, ya que arriesgan “su vida todos los días, debemos reconocerlos, pero también debemos cuidar sus derechos, agradezco al diputado Armando”, apuntó.
Su homóloga, la panista Itzel Castillo destacó que desde el Legislativo local se apoye al sector médico, mismo que hace frente a la pandemia del covid-19; por último, el coordinador panista, Carlos de la Fuente, señaló que la citada Comisión ha sido una de las principales en dictaminar diversas leyes.
De acuerdo con información oficial, hasta el momento son 27 estados de la República que se han sumado a proteger al sector salud y a la población en general de contingencias sanitarias.
Aprueban ley
Por unanimidad, la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local aprobaron una Ley y dos reformas a diversos marcos jurídicos.
En la Comisión que preside Asael Sepulveda aprobaron la Ley de Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, la cual ayudará a la atención para mejorar el nivel de vida de todas las personas que viven en esta condición.
Adicional a esto, se aprobó una iniciativa de reforma de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la cual ayudará a fortalecer el marco jurídico de protección en favor de los infantes, respecto al acceso y uso seguro del internet que garantice su derecho a la información.
Por último, en la sesión virtual se aprobaron diversas reformas a la Ley Estatal de Salud respecto a la problemática que afecta a las personas para que el Gobierno del Estado y alcaldes informen al Legislativo local y al Consejo Estatal sobre las acciones específicas que realizan en materia de combate en contra de las adicciones.
Todas éstas pasarán al Pleno.