Con cuatro votos a favor y una abstención se aprobó este viernes en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la reforma a la Ley del Notariado del estado de Puebla, mediante la cual se establece que en cada distrito judicial sólo debe haber una notaria por cada 50 mil habitantes del mismo pero que pertenezcan a Población Económicamente Activa (PEA), asimismo, se aprobó con la misma proporción de votos la emisión de un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que se detenga el proceso de entrega de notarías que está en curso. Ambos puntos llegarán al Pleno el próximo lunes, según se tiene previsto.
Durante el desarrollo de la Comisión, la presidenta de la misma, Vianey García Romero, dijo que se trata de una modificación al artículo 23 de la citada ley la cual fue reformada en la Legislatura para indicar que debe haber una notaría por cada 50 mil habitantes, sin importar sin pertenecen o no la PEA, pero en realidad con la reforma aprobada en Comisión se vuelve a la redacción que tenía anteriormente la ley: una notaría en cada distrito judicial por cada 50 mil habitantes de la PEA.
Precisó que actualmente hay un exceso de notarías en Puebla puesto que en toda la entidad existen 149 y tan solo en el distrito judicial de Puebla hay 59 notarías por lo que incluso se está violando la ley vigente actualmente.
Es decir, anteriormente la ley indicaba que debe haber una notaria por cada 50 mil habitantes pertenecientes a la PEA en cada distrito judicial, pero en la Legislatura pasada se modificó para que se permitiera una por cada 50 mil habitantes en general y con la reforma que se busca aprobar se volvería al estado anterior, es decir contemplando solo a la Población Económicamente Activa.
Por otra, el punto de acuerdo que se someterá a consideración del Pleno señala: “Se exhorta al gobernador del estado para que en uso de sus atribuciones instruya la suspensión del proceso de suspensión de nuevas patentes notariales en el estado, en tanto no se esclarezcan, determinen, sancionen y en su caso denuncien las supuestas irregularidades cometidas por la Dirección General de Archivos y Notarios y por quiénes resulten responsables, respecto de las acciones y omisiones”.
ARP