Tras siete horas de discusión y sin cambios a la minuta del Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo para impedir la suspensión general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo.
La Mesa Directiva ordenó enviar el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
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Avalada en lo general con 258 votos de Morena, PVEM y PT a favor y 213 del PAN, PRI, MC y PRD en contra, la reforma establece que las resoluciones de amparo se aplicarían exclusivamente a quien promueva el recurso, sin posibilidad de tener efectos generales en beneficio de terceros afectados.
Los grupos parlamentarios de la oposición anticiparon la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma, por considerarla regresiva y violatoria de los derechos, pero Morena advirtió que, de ser invalidada, la bancada guinda y sus aliados insistirán hasta que el máximo tribunal tenga mayoría de ministros afines a su causa para avalar el proyecto.
“Es una visión distinta la que tenemos, no se violan derechos humanos. Si la Corte la tira, si la Corte la tirara, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministras que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”, remarcó desde la tribuna el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de San Lázaro.
Más aún, el legislador potosino anunció la presentación de iniciativas para que alguna de las cámaras del Congreso o ambas puedan revocar sentencias del Poder Judicial con el voto de dos terceras partes de los legisladores, además de establecer una consulta anticipada a la Suprema Corte antes de dictaminar las iniciativas de ley, con el fin de evitar las controversias.
Previamente, portando carteles con la consigna “Justicia para todos”, el grupo parlamentario del PAN fijó su posición contra el dictamen y advirtió “nos vemos en la Corte”.
El debate del proyecto transcurrió entre gritos, arengas y diatribas, pero la confrontación alcanzó uno de sus puntos más altos cuando la legisladora panista Margarita subió a la tribuna y cuestionó la legitimidad de la reforma, en tanto morenistas y petistas coreaban: “¡ABC, ABC!”, en referencia a la guardería de Hermosillo, donde murieron 49 niños durante un incendio en 2009.
Sostuvo que eliminar los efectos generales en la suspensión en el juicio de amparo contra leyes equivale a pedirle al pobre que se haga rico antes de que sus derechos sean pisoteados por leyes inconstitucionales, inválidas y autoritarias, pues tendrían que pagar un abogado carísimo.
“Pocas cosas más hipócritas que pretender que el pobre está primero y obligarlo a litigar contra leyes inconstitucionales e inválidas desde el momento de la promulgación (…), porque a ustedes no les gusta la justicia, les gusta la venganza, les gusta la revancha, les gusta el resentimiento, y aquí vengo con la oposición a defender a los más pobres y a defender al Poder Judicial”, increpó a los oficialistas.
Por el PRI, la diputada Yolanda de la Torre descalificó la reforma, por considerarla inconstitucional, y puso en entredicho al senador morenista Ricardo Monreal, como autor de la iniciativa:
“Solo el hecho de proponer esta iniciativa inconstitucional y regresiva debe ser una vergüenza pública para cualquier legislador, más si se dice ser constitucionalista. Qué bueno que el autor de la reforma no es mi alumno, porque si no, lo reprobaba, no solo en derecho constitucional, sino lo regresaba y lo reprobaba en introducción al derecho”.
¿Qué es la Ley de Amparo?
Es una reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución y 129 y 148 de la Ley de Amparo, que busca que los amparos otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tengan un alcance individual para quien lo solicitó, pero no colectivo.
Discusión de la Ley de Amparo en San Lázaro
EHR