Las procuradurías y fiscalías estatales lograron disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal, una figura que no resuelve de fondo los casos y simula efectividad en el sistema penal acusatorio, de acuerdo con los resultados más recientes del análisis Hallazgos, elaborado por México Evalúa.
El archivo temporal es una figura jurídica que permite archivar provisionalmente la investigación cuando los datos sean considerados insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance.
La suspensión temporal de la investigación 53.3 por ciento de las determinaciones en las procuradurías estatales, de acuerdo con el estudio.
La figura permite que las investigaciones no cuenten en las cifras de rezago y evita el uso de la figura del no ejercicio de la acción penal, así en las mediciones miles de casos pendientes se toman como "resueltos".
Campeche, Baja California Sur, Chiapas, Veracruz y Michoacán envían más de 75 por ciento de sus investigaciones a archivo temporal, mientras que Sinaloa, Sonora, Baja California y Puebla utilizaron la figura en menos de 30 por ciento de los casos.
“El uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos para realizar la investigación”, según el estudio.
En México, los ciudadanos denuncian apenas 9.7 por ciento de los delitos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, y aunque la cifra es muy baja, es suficiente para colapsar los ministerios públicos, en parte porque existen diversos mecanismos legales que dan pie a la impunidad, entre ellos el archivo temporal.
El artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a los ministerios públicos para archivar un asunto cuando no haya suficientes datos o elementos que sirvan para establecer líneas de investigación.
El tipo de delitos en archivo temporal es diverso: robos, tráfico de armas, negligencia médicas o secuestros, reveló Proyecto Justicia en Hallazgos, construido a partir de casi 500 solicitudes de información y entrevistas con autoridades.
De acuerdo con los ministerios públicos entrevistados, se trata de una decisión temporal (la duración de la pausa no está establecida en la ley) que en los hechos impide concluir las investigaciones que eventualmente terminan en el olvido.
En 2017, los ministerios públicos enviaron 26 mil 916 carpetas de investigación al archivo temporal que equivale a casi un tercio de los delitos denunciados en el ámbito federal (27.3 por ciento).
Entrevistado por México Evalúa, el director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Moisés Moreno, dijo que el archivo temporal permite al ministerio público incumplir con la función de investigar.
En la mayoría de estos casos, dice, el ministerio público siempre espera a que la víctima sea la que aporte los datos de prueba, en tanto, el asunto no se mueve, al igual que en el sistema tradicional.
El archivo temporal puede usarse como un mecanismo para reducir el rezago en términos formales, pero compromete al acceso a la justicia al suspender una posible investigación y mantener el asunto en archivo apostando a la posible prescripción de la acción penal, sin que se reactiven los casos para el desarrollo de inteligencia y el estudio de redes criminales, advierte la quinta edición del reporte Hallazgos.
“Un gran porcentaje de los asuntos que conoce el MP se encuentran en el archivo temporal, otro porcentaje importante se encuentra en el no ejercicio de la acción penal y el mayor número de asuntos en las agencias ministeriales no han tenido ninguna resolución, es decir, simplemente están ahí a ver qué sucede. Así los casos prescriben y como consecuencia se genera impunidad”, aseguró el investigador.
La falta de investigación y la política institucional de las procuradurías que exige a los ministerios públicos resolver asuntos o expedientes contribuye a la impunidad, dijo Raúl, ministerio público federal que pidió el anonimato.
“(Los archivos temporales) se van de un baúl de asuntos olvidados a un baúl que se convierte en impunidad. Y no porque no se haya cometido el hecho, sino porque prescribe la persecución penal”, destacó.
De acuerdo con el informe, el abuso del archivo temporal expone el apego a viejas prácticas del antiguo sistema de justicia, que provocan una de las mayores debilidades institucionales de las procuradurías: la ausencia de investigación efectiva.
Con información de Cristina Muñoz de México Evalúa.
El informe Hallazgos puede consultarse aquí.