Senadores y líderes de partidos afirmaron que fue una “omisión” por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezada en su momento por Aristóteles Núñez, no frenar las llamadas empresas “factureras” y dejar que prosperara el esquema de defraudación fiscal, por lo que se pronunciaron a favor de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue al ex funcionario.
MILENIO publicó que la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval investiga a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaban el organismo, permitieron, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como factureras.
Al SAT le tocaba frenar a las factureras
Al respecto, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) nacional, Marko Cortés dijo que sí fue una omisión, por lo que pidió que se castigue a los responsables,
“Por supuesto que hubo una omisión por parte de las autoridades del SAT, le tocaba frenar a las factureras, claro que lo hubo y estamos a favor de que se haga esta investigación y se sancione a quien resulte responsable”, destacó.
Responsabilidad no es solo de titular del SAT sino de círculo cercano
En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Salomón Jara pidió acabar con el huachicoleo fiscal y afirmó que la responsabilidad por la afectación causada por ese tipo de fraudes “recae en quien fue titular del SAT, Aristóteles Núñez, pero no solamente en este personaje, también sobre su círculo cercano”.
“Para acabar con el huachicoleo fiscal se deben sancionar penalmente a los funcionarios, de todos los niveles, incluyendo a los Secretarios de Hacienda, pasando por Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, pues todos ellos, al menos, fueron omisos frente a las empresas factureras”, subrayó.
En entrevista con MILENIO, el legislador dijo que la Secretaría de Hacienda tiene dos mandatos: uno es administrar los recursos públicos y el segundo, es recaudar, “y lo que observamos en los últimos tres sexenios es un agujero negro, un pozo sin fondo, por donde se escapaban miles de millones de pesos que debieron ingresar a las arcas públicas”.
Resulta obvio, dijo, “que este fraude no podía ocurrir sin que las autoridades estuvieran enteradas, tan solo en 2018 fueron 500 mil millones de pesos, tal parece que los funcionarios de las anteriores administraciones vivían fuera de la realidad, porque cuando se les habla de corrupción dicen que nunca se dieron cuenta, que nunca tuvieron información que confirmará rumores de servidores públicos corruptos”.
En tanto, la senadora de Acción Nacional, Minerva Hernández recordó que desde antes de 2005 el Código Fiscal establecía que la responsabilidad penal de los funcionarios o empleados públicos que intervienen en la Comisión de un delito fiscal como la defraudación o enajenación y adquisición de facturas falsas tuvieran penas más severas.
“Por supuesto que corresponde al SAT el combate frontal a todos los esquemas de evasión fiscal y no sólo porque esa es una de sus atribuciones conforme a la ley que le rige, sino además, porque el combate de evasión es parte de su programa de mejora continua y porque de nuestro marco normativo el Congreso de la Unión ha adoptado al SAT de procedimientos, instrumentos, herramientas, necesarios para combatir la evasión llevada a cabo por los llamados factureros”, destacó.
Recordó que a propuesta del PAN se solicitó que se destituyeran del empleo e inhabilitar de 1 a 10 años a los servidores públicos involucrados en el delito de compra y venta de facturas falsas.
“La responsabilidad penal antes enunciada será independiente de la responsabilidad administrativa que en su caso llegue a determinarse por parte de la secretaría de la Función Pública y que en todos estos casos debe seguirse el procedimiento respectivo en estricto apego a derecho”, subrayó.
Asimismo, destacó que “si queremos que la corrupción termine, requerimos que sean castigados los responsables de haber violado la ley sean delitos o faltas administrativas”.
Línea del gobierno de la 4T es cero impunidad: Armenta
Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, dijo que la línea de gobierno es “cero impunidad”, por lo que quien incurra en alguna falta o sea sujeto a una investigación debe acudir ante las autoridades.
“La SFP está haciendo lo correcto al atender las líneas de investigación que corresponden al desempeño de los servidores públicos, es su función, reconozco que es lo correcto y Aristóteles, o quienes en la Secretaría de Hacienda actuaron con dilatación, complicidad, se hicieron de la vista gorda frente a actos de esta naturaleza, deben ser llamados, para eso son las autoridades y la Secretaría de la Función Pública cumple con esa función dentro del marco de la administración pública federal”, destacó.
Insistió en que el combate a la corrupción e impunidad se refieren a “que nadie esté ajeno a la acción de la justicia”.
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