La Comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de las primeras cuatro iniciativas de ley que presentó el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, el año pasado.
El presidente de la comisión, Sergio García Sosa, pidió a los legisladores y legisladores que a más tardar el próximo viernes presenten las observaciones correspondientes para que a más tardar dictaminen el próximo miércoles.
La diputada Lorena Marín Moreno dio a conocer que la primera iniciativa de ley tiene como fin impulsar el servicio de carrera dentro del Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado, por lo cual pretenden modificar la edad mínima para ser mediador, conciliador o facilitador.
Esto con el fin de integrar más jóvenes al servicio público, abriendo oportunidades de empleo para los egresados de la licenciatura en medios alternos, que en años recientes incorporó la Facultad de Derecho de la UAEMéx.
La segunda propuesta se relaciona con la exhibición física de documentos en juicio en modo electrónico para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia.
Otra más es para robustecer el marco legal de los medios alternativos de solución de conflictos en materia familiar, así como adicionar nuevas figuras en la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, para fomentar la cultura de la paz y la restauración de las relaciones interpersonales y sociales.
La cuarta iniciativa es para incorporar a la legislación estatal el procedimiento de juicio hipotecario con el fin de subsanar un vacío legal, incorporando figuras jurídicas vanguardistas que propicien la celeridad procesal y garanticen el derecho humano a la justicia pronta y expedita.
La legisladora de la bancada del PRI aplaudió que por primera vez el Poder Judicial ejerza la facultad de presentar iniciativas de ley porque coadyuva en el perfeccionamiento del orden normativo, fortalece el acceso oportuno de la justicia en el Estado de México y colabora para el cumplimento de las responsabilidades estatales y la óptima satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
KVS