Tras reconocer que hay preocupación por el regreso de la entidad al color rojo en el Semáforo Epidemiológico de Riesgos Covid-19, el procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, señaló que la dependencia a su cargo se mantendrá con trabajo en casa y el 30 por ciento del personal laborando de manera presencial hasta el 30 de julio.
Sin embargo, consideró que como parte del funcionamiento del Ministerio Público en la nueva normalidad hay condiciones que avisan que no se tendrá un regreso total, “es más creo que habrá un regreso mínimo y que tendremos que ver hacia adelante”.
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Así lo dio a conocer en mesa de análisis Retos de los fiscales y procuradores de justicia en México ante el covid, una nueva realidad, en la que participaron los fiscales de Ciudad de México, estado de México, Durango, Oaxaca y el procurador de Hidalgo.
Ahí Raúl Arroyo mencionó que de los cerca de dos mil 200 servidoras y servidores públicos de la Procuraduría se han contagiado de coronavirus 38 funcionarios, de los cuales 17 aún están con el virus activo en casa.
“El resto de los contaminados ya se recuperó, ya se reincorporaron a sus labores, de tal forma que hasta este momento éste es un buen número que nos deja claro que el cerco sanitario que pusimos alrededor de nuestro funcionamiento dio buenos resultados”, sostuvo.
Destacó que a pesar de los contagios de coronavirus no se tienen funcionarios de la Procuraduría fallecidos ni hospitalizados, “nuestros números de contagios son mínimos”.
Compartió con los fiscales las acciones que se implementaron en la dependencia a su cargo al comienzo de la contingencia sanitaria, entre ellas, la reducción de horarios, el cerco sanitario y el que los grupos vulnerables y quienes tenían a su cargo menores de edad se fueran a su casa.
El procurador mencionó que estableció la prioridad de los delitos que se iban a atender de manera inmediata privilegiando los de alto impacto, los que afectan a mujeres y menores de edad, así como los que se cometen en flagrancia. “La otra parte fue cuidar la salud para que no fuéramos receptores del contagio, pero para que tampoco fuéramos transmisores del mismo”, refirió a sus homólogos.
Arroyo González apuntó que la dependencia se sometió a una prueba en la que no se tenían calculadas las dimensiones de la epidemia ni los detalles de su complejidad.
Señaló que están trabajando con precauciones, sin embargo reconoció “también estamos trabajando con miedo en muchas áreas de la Procuraduría, por ejemplo, en el área de periciales tenemos miedo del contagio cuando tenemos que enfrentarnos a cadáveres en hospitales, cuando hay que hacer necropsias”, admitió.
Añadió que se tuvo que echar mano de los apoyos gubernamentales para sufragar gastos de materiales de sanitización para la contingencia, controles, pruebas rápidas para cuando se iban presentado trabajadores con síntomas, materiales especiales para la policía y la sanitización de vehículos. “En fin es algo que no teníamos en el presupuesto para el año 2020 y que hubo que resolver”, concluyó.