Luego de que organismos del sector privado y de la sociedad civil, que agrupan Caintra, Canaco, Caprobi, Copamex, así como Index Nuevo León y el Consejo Cívico, solicitaron no escalar el conflicto político-partidista, dirigencias estatales y grupos legislativos del PRI, PAN y PRD manifestaron su "total voluntad y disposición de atender el llamado a la gobernabilidad y respeto al estado de derecho".
En un comunicado en conjunto, los partidos señalaron que antes del gobierno de Samuel García, Nuevo León nunca había atravesado una presunta crisis de ingobernabilidad como la que presuntamente hoy se vive, pero reconocieron que siempre han existido puntos de vista e ideas contrastantes entre los partidos y actores políticos, pues gracias al diálogo se logró, según el PRI, PAN y PRD, que el estado sea vanguardista.
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"Nuestras diputadas y diputados del Congreso del Estado de Nuevo León han actuado en estricto apego a la ley, porque estamos convencidos de que nadie puede estar por encima de ellas, sin embargo, no ha sido el caso del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Samuel García, lamentablemente y en perjuicio de Nuevo León, las autoridades estatales sistemáticamente han infringido la Constitución local y la ley", lamentaron los partidos.
Información proporcionada en el comunicado establece que se ha omitido la publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado, que se han vetado decretos o acuerdos aprobados por el Congreso del Estado en materias en las que la Constitución local lo prohíbe.
A pesar de que la Constitución local obliga al gobernador a presentar el presupuesto de egresos del año siguiente a más tardar el 20 de noviembre, en 2022, y nuevamente en 2023, no se presentó.
"Trata de imponer al secretario general de Gobierno como encargado del despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya determinaron que el Congreso del Estado es el único facultado para nombrar a un gobernador Interino.
"La Tesorería Estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, así como cuentas personales de legisladores y actores políticos de estos partidos, utilizando para ello procedimientos ilegales que violan el debido proceso", lamentaron.
Samuel García y el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, señalaron, presuntamente han inventado actos para ampararse en Reynosa, Tamaulipas, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
"A través de las secretarías de Medio Ambiente, del Trabajo, de Salud, la Tesorería Estatal, Protección Civil y Agua y Drenaje se han realizado más de 350 actos de molestia (clausuras, suspensiones, inspecciones, colocación de reductores de agua, etc.) dirigidos a personas vinculadas a la oposición para amedrentar e intentar someter voluntad al partido del gobernador", acusaron.
El gobierno estatal, subrayaron, ha retenido la entrega de recursos presupuestales a municipios gobernados por el PRI y el PAN, esto a pesar de existir determinaciones judiciales que ordenan entregarlo.
"Esta situación ha retrasado obras públicas y proyectos de seguridad. Esta serie de ilegalidades son una falta de respeto a la ciudadanía de Nuevo León, tienen que terminar.
"Reiteramos nuestro compromiso de acudir a cualquier llamado que tenga la finalidad de generar un ambiente de gobernabilidad para nuestro estado, teniendo como premisa fundamental el respeto a la ley", concluyeron.