La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que sólo dos grupos empresariales acumularon casi 9 mil millones de pesos, entre 2014 y 2026, en operaciones con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en las cuales se documentaron diversas irregularidades.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, asistió a comisiones de la Cámara de Diputados para presentar la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, donde informó que ya inició “una investigación de oficio” respecto de irregularidades relacionadas con el INE.
“Quiero informar que hemos iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral. Esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”, expuso.
Ante legisladores, dijo que, a través de diversos requerimientos de información, se está realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones.
“En el marco de los trabajos de fiscalización superior y con el apoyo proporcionado por las recientes reformas legales, la ASF realizó diversos trabajos de inteligencia que le permitieron identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos, con diversas entidades públicas entre el 2014 y el 2026. De este monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales”, explicó.
También destacó que proveedores de una empresa analizada concretaron operaciones por 21.3 millones de pesos con timbradoras sancionadas por colaborar con factureras. A su vez, otra de las firmas en cuestión tiene suspendido su padrón de importadores.
Adicionalmente, dijo, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos; es decir, la empresa ganadora subcontra a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados.
“Además, detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno”, agregó.
Otra línea de investigación, mencionó, gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones, en menoscabo del patrimonio público.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas. Quiero ser enfático: estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso. Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales que correspondan”, indicó.
Posteriormente, en rueda de prensa, dijo que conforme avancen las investigaciones se irán presentando las denuncias penales es caso de que sea necesario.
EHR