ASF detecta en Sedatu irregularidades por 4 mil mdp

La dependencia a cargo de Rosario Robles no pudo justificar el 90 por ciento de los recursos que les fueron destinados; la ASF también detectó pago a 5 universidades por servicios nunca recibidos.

Rosario Robles durante su comparecencia como titular de la Sedatu en 2018 (Cuartoscuro)
Carolina Rivera
Ciudad de México /

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en el ejercicio de más de 4 mil millones de pesos de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en el 2017 y adeudos por 876 millones de pesos. 

En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017 se evidenció que durante la gestión de Rosario Robles Berlanga en la dependencia se presentaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos entre 2015 y 2017.

A través de 11 auditorías la ASF encontró que el 90 por ciento de los recursos que recibió la dependencia por una ampliación presupuestal de 350 millones de pesos, derivada de una reducción al presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), no pudo ser justificado.

Entre los gastos que no logó justificar la dependencia se encuentra el pago de combustibles, lubricantes y aditivos; la adquisición de mochilas, sombrero, impermeables; así como el pago de arrendamientos de edificios y vehículos, luz, teléfono, asesorías y de impresión de material informativo por 316.85 millones de pesos. 

Asimismo se identificó el pago por servicios nunca recibidos a 5 de instituciones de educación superior en distintos entidades del país, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Centla, Universidad Tecnológica de Campeche.

También se identificó que la Sedatu destinó recursos en el 2017 por mil 210 millones de pesos para el pago de proyectos del ejercicio 2016, los cuales no fueron reconocidos por los responsables del programa.

Además de que adeuda más de 876 millones de pesos por protección, custodia, vigilancia y seguridad que recibió desde el 2015; sin que hasta noviembre de 2018 se haya podido realizar el cobro pendiente a dos entes públicos que proporcionaros el servicio durante tres años. 

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