David Rogelio Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a la Cámara de Diputados 370 auditorías de la Cuenta Pública 2019 que corresponde al primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Previo a la entrega física se reunió de manera virtual con diputados, a quienes recordó que debido a la pandemia de covid-19 no se pudieron entregar los resultados hace unos meses; sin embargo, informó que se han iniciado más de 4 mil 900 procedimientos que involucran a 14 mil presuntos responsables.
“A la fecha se tienen resoluciones firmes y definitivas, es decir, que no permiten impugnación respecto a más de mil 300 responsables de los cuales están en un estado único”, destacó.
Dio a conocer que después de este informe se entregará el documento más “fuerte de las auditorías donde vienen las grandes obras de infraestructura, a los programas sociales, a los congresos locales a la judicatura y a la Cámara de Diputados”.
Indicó que por segundo año consecutivo se verificará a los gobiernos de las 32 entidades federativas el cumplimiento de la ley de disciplina financiera y por primera vez se fiscalizará el cumplimiento de dicha ley en los 32 congresos locales entidades de fiscalización de congresos locales, 11 poderes judiciales de entidades federativas y un órgano público descentralizado.
“Como resultado de esas auditorias se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas de los cuales, se recuperaron ya, 738 millones, es decir, las entidades fiscalizadas entregaron ya esos recursos. Los 25 mil restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas”, agregó.
Mencionó que “del monto total observado, 14 mil 47 millones, o sea, 55 por ciento, correspondió a falta de documentación comprobatoria hecho a pagos improcedentes o en exceso; 6.5 a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados ni comprometidos sin ser entregados a la Tesorería y 4.9 a transferencia de recursos a cuentas bancarias”.
Agregó que “hay una gran recurrencia en los últimos años en esos conceptos que no se han podido superar, 26 por ciento restante correspondió a otros conceptos. Del monto total observado, 83 por ciento fue determinado a las auditorias utilizadas al gasto federalizado programable, 13.2 a la ley de disciplina financiera y 3.7 restante a la distribución de las participaciones federales”.
Aseveró que entre los desafíos se encuentran la fiscalización en tiempo real a través de herramientas digitales.
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