Tras dos años de revisión a las finanzas de esta administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está lista para promover sanciones por 315 millones de pesos contra el gobierno por lo ejercido en 2019 y 2020.
Con lo que las instituciones no han podido esclarecer, la ASF comenzó la formulación de los informes para que la autoridad prepare sanciones.
De acuerdo con la ley, la ASF emite informes de presunta responsabilidad administrativa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando detecta que los servidores cometieron faltas graves en el uso de los recursos.
El primer paquete de irregularidades del actual gobierno federal por sancionar está conformado por 27 expedientes de 13 dependencias, sumando un posible desfalco de 315 millones de pesos.
De cuentas pendientes de 2019 y 2020, en total, la ASF emitió informes de presunta responsabilidad administrativa por mil 829.7 millones de pesos, pero de esos mil 500 corresponden a gobiernos estatales, principalmente el de Oaxaca (mil 339 millones), y gobiernos municipales.
En cuanto a la cuenta pública 2021, la ASF comenzará a entregar el primer paquete de nuevas auditorías a más tardar el próximo jueves.
En agosto de 2019, la empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) pagó 4.1 millones de dólares —más de 80.4 millones de pesos— a la compañía Astilleros Marecsa por un buque remolcador que mandó construir desde 2017, que necesitaba “para incorporarlo al proceso de transporte de sal industrial”.
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Cuando los auditores de la Marina acudieron a revisar el avance en la construcción, se encontraron con que del supuesto 81.15 por ciento del armado que reportó la empresa, no se llevaba ni 40.
En 2019 ESSA decidió contratar, con la outsourcing Oscar & Maritime Agency, a siete capitanes, un piloto, un coordinador ejecutivo, un auxiliar administrativo y un auditor por 16.6 millones de pesos, cuando el límite autorizado eran 528 mil pesos.
La ASF emitió tres pliegos de observaciones por el probable daño patrimonial total de 97.62 millones de pesos, pero como ESSA no los solventó, se inició investigación por presunta responsabilidad administrativa.
En 2019 el Instituto Nacional de Migración contrató a Tecnología en Sistemas de Apoyo para instalar un servicio de protección de datos en sus equipos de cómputo; no obstante, dos días después de que terminaron el trabajo, en abril de 2020, se reportó un incidente de ciberseguridad.
Meses antes de que se contratara a la empresa ya había un ente intruso en la red del INM; el instituto pagó 53 millones por un supuesto servicio de seguridad que nunca lo detectó.
El INM no pudo solventar los 62.74 millones por servicios informáticos fraudulentos y la ASF inició dos investigaciones.
Asimismo, está el caso de una biblioteca que se inundó cuando una tuneladora en el Tren Ligero de Guadalajara rompió una tubería.
Otras dependencias con expedientes son el AICM, Capufe, Conagua, Conapesca, los puertos de Veracruz, Altamira, Salina Cruz, Ensenada, Topolobampo y la Semar.