La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 21 denuncias penales contra alrededor de 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, por el probable desvío de más de 600 millones de pesos entre 2020 y 2024.
Las denuncias se refieren a irregularidades en dependencias federales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Talleres Gráficos de México, así como el gobierno de Nayarit la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, Veracruz, Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.
Tras entregar a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios puntualizó:
“Ahorita, lo que hicimos fue empezar a revisar todos los expedientes, empezar a detectar dónde había posibles actos de corrupción que son materia de un delito, y son las denuncias que presentamos ante la Fiscalía General de la República".
"Prácticamente, también de tres órdenes de gobierno, y no importa para nosotros si el monto es muy grande o muy pequeño, pero estamos hablando de denuncias que corresponden a cerca de un posible desvío de 600 millones de pesos”, detalló en conferencia de prensa.
En el acto de entrega recepción en la Cámara de Diputados, Hernández Palacios informó que, adicionalmente, se dio inicio a 31 expedientes de investigación a dependencias del gobierno federal, estados y municipios, en uso de su nueva facultad de realizar indagatorias sin pasar por el proceso tradicional de auditoría.
La ASF presentó, asimismo, ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública.
Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Hernández Palacios sostuvo que la fiscalización superior es uno de los instrumentos más importantes que tiene el Estado mexicano para fortalecer sus instituciones, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, lograr una mayor transparencia, legalidad, rendición de cuentas, afirmando que un México sin corrupción es posible.
Fiscalización y crimen organizado
En conferencia de prensa posterior, el auditor superior aseguró que la institución trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para evitar y, en su caso, sancionar el eventual desvío de recursos públicos hacia el crimen organizado.
“Hacemos auditorías con un carácter integral para que no quede ni una parte del presupuesto que no tengamos identificado hasta el beneficiario final de ese recurso. Y si hay crimen organizado o si hay empresas coludidas o si regresa a algún funcionario público, estamos listos para hacer las promociones para sancionar el mal uso de los recursos”, remarcó.
Previamente, durante la entrega de informes de la ASF sobre la Cuenta Púbica 2025, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, llamó a revisar a fondo el gasto federalizado para impedir que las organizaciones delictivas “succionen” recursos de los gobiernos locales señalados de colusión.
“Tenemos que ver que el gasto federalizado en los estados como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán Quintana Roo, Guerrero y, de manera especial, Sinaloa, que han sido señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como probables narco gobiernos. Y es ahí donde la ASF tiene que tener un ojo clínico para ver si no se han encontrado nichos de oportunidad para el narcotráfico, de succionar recursos del gasto público en esta grave colusión de gobiernos con el narcotráfico”.
Incluso el legislador Arturo Hernández Tapia, de Morena, instó a la ASF a proteger a los auditores en zonas bajo control del crimen organizado para garantizar la fiscalización sobre los gobiernos locales.
“Que se diseñen estrategias a fin de proteger el territorio de los auditores en zonas controladas por el crimen organizado, para que los correspondientes ejecutores del gasto no se queden exentos de la fiscalización”, pidió a Hernández Palacios.
IYC