Desgraciadamente, según nuestros últimos informes, de los 333 sujetos obligados, luego de dos promociones concluidas, sólo en 75 (22%) de ellos, los titulares de las unidades de transparencia cuentan con la debida certificación y, aunque pensaríamos que esto es únicamente consecuencia de la alta rotación que pudo ocurrir en los municipios, debido a la renovación de los ayuntamientos, esto no ha sido así.
Y es que, de ellos, 41 (55%) son del nivel municipal, pero 34 (45%) son de carácter estatal. Con estas cifras tendríamos que, si se conservan en sus cargos aquellos titulares de unidades de transparencia que cuentan con certificación y, en el escenario ideal de que todos los registrados en el actual proceso consigan la certificación, estaría cumpliendo con ese requisito apenas el 67% de los sujetos obligados.
Esa situación, reitero, no es exclusiva de los municipios, y no puede justificarse debido al proceso de renovación de las administraciones municipales.
La parte más grave del problema aparece en cualquiera de los distintos tipos de sujetos obligados: la tenemos en el caso de 35 sujetos obligados del ámbito estatal,12 municipios, 5 organismos de agua municipales y de 10 sistemas municipales DIF, cuyos titulares de las unidades de transparencia no han participado en ninguna de las promociones de certificación mencionadas.
Existen también deficiencias en los casos de 11 instituciones públicas estatales, 12 municipios y 3 organismos de agua de carácter municipal, cuyos titulares se integraron a alguno de los dos procesos anteriores, sin conseguir la certificación; y, hay que subrayar, sin inscribirse en la promoción actual.
Esto nos deja ver que se tiene un 19% de los sujetos obligados que no han hecho nada para tratar de cumplir con la obligación legal de contar con titulares de unidades de transparencia que cumplan con el requisito de contar con la certificación que determina la ley; así como el 9% que, en alguno de los dos primeros procesos de certificación, lo intentó, no lo consiguió y que tampoco aprovechó la actual promoción para conseguirlo.
En el caso de los sujetos obligados señalados en los dos párrafos anteriores, lo que queda claro es que, a pesar de que existe un proceso de certificación, accesible, gratuito, disponible, simplemente no han tenido interés por cumplir con este requisito que, para nosotros,tiene gran relevancia ya que, esperamos, si los titulares de las unidades de transparencia cuentan con esta certificación, para garantizar el derecho de acceso a la información, estaríamos cumpliendo con el deber constitucional del Estado de prevenir la violación a este derecho, al dotar a los servidores públicos de las habilidades y competencias para promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
De esta manera, en estos casos, los titulares de los sujetos obligados, deberán ser considerados como responsables también, de las violaciones que puedan cometerse contra este derecho, como consecuencia de su nulo interés para asegurar que sus colaboradores cuenten con esas habilidades que el Infoem pone a su alcance sin condiciones, sin costos y mediante diversas oportunidades.
En mis siguientes colaboraciones, compartiré con todos ustedes la información concreta sobre la incidencia, en el caso del 28% de los sujetos obligados que no muestran interés por cumplir con estas obligaciones, tanto en la atención de las solicitudes, el índice de recurrencia como en los resultados en la verificación de sus obligaciones de transparencia.