Para que el Congreso local avale en su próxima diputación permanente un exhorto a la Auditoría Superior del Estado (ASE) con el fin de auditar las finanzas del Parque Fundidora, la coordinadora del Partido Verde Ecologista, Ivonne Bustos, entregó dos documentos ante la Oficialía de Partes.
Tras la entrega de los documentos, la diputada dijo que el Legislativo debe recurrir a una auditoría o revisión profunda de la situación de algún organismo público, para esclarecer dudas que pudiesen surgir con relación al adecuado manejo del patrimonio.
“Hoy más que nunca el organismo público descentralizado denominado Parque Fundidora, debe ser sujeto a una extensa auditoría, a causa de los lamentables eventos acontecidos desde la semana del 13 al 19 de julio del 2020, que derivaron en el cierre de dicho espacio”, señaló la diputada.
El exhorto será turnado a la Comisión de Medio Ambiente, pero al considerar que es urgente, el asunto podría ser analizado en la próxima sesión virtual.
Milenio Monterrey publicó que la administración del Parque Fundidora eroga 6 millones 153 mil 427 pesos de manera mensual por concepto de salarios a un total de 300 trabajadores, es decir, más de 70 millones de pesos de forma anual.
“Necesitamos literalmente una reorganización e ingeniería de lo que está pasando en el Parque y que se lleven a cabo acciones contundentes, la negativa de brindar datos que de ninguna manera pueden ser considerados como reservados, hace que la necesidad de revelarlos se haga apremiante”, agregó Bustos.
Adicional a este exhorto, solicitó por segunda vez la reintegración del Consejo Administrativo de Fundidora para que sea presidido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y lo integren un diputado y colectivos ciudadanos.
Piden crear ley para servicio de cerrajeros
El coordinador de Morena en el Congreso local, Ramiro González, presentó un decreto para la creación de una Ley que establezca los requisitos para la prestación de servicios de cerrajería, y los mecanismos de vigilancia de autoridades para que los prestadores de estos servicios colaboren en la prevención de delitos.
En rueda de prensa, el diputado explicó que se prometerá la certificación de unos 500 cerrajeros que operan en el área metropolitana.
“Crear un filtro para que las autoridades de seguridad pública puedan evitar que cualquier persona puede hacer mal uso de todos los conocimientos, equipos y herramientas propios de este oficio y la información que obtiene de sus clientes.
“Promover reglas que ayuden a los prestadores de servicios a implementar medidas que ayuden a disuadir a cualquier posible infractor de la Ley, de solicitar los servicios de un cerrajero para cometer un ilícito”, indicó el legislador de Morena.
En este sentido, se plantea, además, reformar el Código Penal del Estado para establecer como agravante del delito de robo, cuando se hurten las herramientas, equipos y conocimientos específicos de la cerrajería, ya que el responsable podría pagar hasta con 10 años de cárcel.
De acuerdo con Ramiro González, ésta última constará en que se empleen llaves falsas, ganzúas, alambres o cualquier artificio para abrir puertas o ventanas; como también emplean conocimientos, técnicas, métodos, herramientas, maquinaria o equipo, ya sea electrónico o no, de los utilizados en cerrajería para abrir cualquier tipo de cerradura o candado, o cuando, mediante engaño, se consiga que otra persona realice alguno de los supuestos señalados de esta fracción.
En el evento también estuvieron, Carlos Alberto Aguilar, director de Auto Key; Jorge Ortiz, de la Unión de Cerrajeros de NL; y Luis Hernández, presidente de la Red Nacional de Cerrajeros NL.