Mientras que en la Administración Pública Federal se ha implementado una fuerte austeridad republicana, que en los próximos meses puede llegar al grado de pobreza franciscana, los trabajadores del Poder Judicial gozan de estímulos económicos que son cinco veces más altos a los que recibe un burócrata de cualquier dependencia de gobierno.
En este año los 53 mil trabajadores de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el Consejo la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dispondrán de 11 mil 315 millones de pesos en pagos catalogados como remuneraciones adicionales; es decir, que si se repartieran de manera igualitaria a cada uno de le tocarían estímulos por 211 mil pesos anuales.
En contraparte, los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que las dependencias y entes del gobierno federal, que dan trabajo a poco más de un millón 493 mil burócratas y funcionarios, gastaron el año pasado 65 mil 186 millones de pesos en el pago de estímulos similares, lo cual deja un gasto por persona de solo 43 mil 638 pesos al año.
De aplicarse la pobreza franciscana anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los trabajadores del Poder Judicial, algunos estímulos como las compensaciones por servicios eventuales, vehículos, prima quincenal, subsidio de renta a titulares de órganos jurisdiccionales, entre otros podría reducirse o incluso desaparecer.
Los incentivos en el Poder Judicial no forman parte de las remuneraciones ordinarias ni de las erogaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social o seguros de gastos médicos mayores con los que cuentan los trabajadores del poder Judicial.
Del total de recursos destinados para estímulos económicos en el presente año para el Poder Judicial, el 89.2 por ciento, equivalentes a 10 mil 101 millones de pesos, se repartirán entre los 57 mil 186 trabajadores del CJF, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación.
Entre las prestaciones que se financiarán con este dinero se ubican los pagos de ayuda al personal operativo, vestuario, ayuda de despensa, compensaciones por servicios eventuales, pago de horas extras y los titulares de órganos jurisdiccionales tendrán la prestación de recibir una ayuda económica para cubrir la renta de un inmueble.
Los incentivos también servirán para poder pagar a los trabajadores por días festivos como el Día de la Madre o el Día del Padre, también se usará para cubrir las primas quincenales y dominicales y los jueces también podrán contar con una ayuda económica para protección y seguridad en el traslado.
Tan solo con el dinero que recibirán los empleados y jueces de la Judicatura Federal se podría cubrir el presupuesto anual conjunto de la Oficina de la Presidencia de la República (833.8 mdp), la Secretaría de Gobernación (6 mil 218.6 mdp), la Secretaría de la Función Pública (mil 446.2 mdp) y de los Tribunales Agrarios (841.8 mdp), pues entre los cuatro suman una partida de 9 mil 340 millones de pesos.
En la SCJN las remuneraciones adicionales tendrán un presupuesto de 800.1 millones de pesos para cubrir los gastos de vestuario del personal operativo, ayuda de despensa y anteojos, prime quincenal, pago de horas extra y también se pagarán estímulos por los días de la Madre y del Padre, por antigüedad y la prima quincenal.
A diferencia del CJF la mayoría de estas prestaciones no están disponibles para los ministros, pues ellos únicamente podrán tener acceso a la prima quincenal y pagos por riesgo de trabajo; así como ayuda en compra de lentes, de acuerdo con el manual de remuneraciones.
A pesar de lo anterior, los ministros actualmente cuentan con un salario mensual neto máximo de 205 mil 599 pesos, pero por concepto de aguinaldo-prima vacacional pueden tener un apoyo de 444 mil 758 pesos al año, así como otros 416 mil 242 pesos por el concepto de pago por riesgo. Es decir, que en un año ganan 3.3 millones de pesos netos más los apoyos adicionales antes mencionados.
En lo que se refiere al TEPJF se tiene una partida de 413.7 millones de pesos para el pago de remuneraciones adicionales, la cual se ubica como la menor cantidad entre los entes del Poder Judicial; sin embargo, al hacer el cálculo per cápita, a cada trabajador le tocarían 254 mil pesos por dicho concepto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el pasado 2 de junio a todos los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y el Poder Judicial que midan sus propuestas presupuestarias para el próximo año, pues se deben de acabar los lujos y los gastos excesivos con el fin de poder aplicar la “pobreza franciscana”.
“Ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible y pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana, para todos todos o sea que se acaben por completo los lujos”, dijo el mandatario.
Ante esta propuesta, el experto en temas presupuestales y coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, Manuel Guadarrama, señaló que es poco viable que prospere esta presión del gobierno federal para que órganos autónomos y el Poder Judicial disminuyan su presupuesto, ya que tienen capacidad total de imponer sus propios tabuladores.
“Este intento de injerencia presupuestal de otros órganos y poderes autónomos tiene una connotación política, porque jurídicamente, técnicamente, son independientes; la Constitución les otorga esta autonomía presupuestal de la cual ellos tienen que defenderla y aprovecharla para determinar el presupuesto que requieren”, señaló el experto.
De igual manera Guadarrama prevé que este tipo de presiones se presenten en lo que resta de la presente administración: “Seguiremos viendo estos intentos del presidente de tratar de implementar, de aplicar, esta política de austeridad en todos los niveles y en todos los poderes, no solo en la Administración Pública Federal, sino en todos los aparatos públicos”.
ledz