Con 260 votos a favor, 215 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para concentrar en la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas, así como la política general de contrataciones públicas y compras estratégicas.
El proyecto avalado al final de una sesión ordinaria de 24 horas se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Detalla que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos.
“En los casos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores”, puntualiza.
La Secretaría de la Función Pública conducirá y coordinará la operación de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias y entidades paraestatales.
Fungirá asimismo como “área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que determine, con excepción de las contrataciones que se le atribuyan a otras dependencias o entidades paraestatales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Para ello deberá establecer los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y, para tales efectos, realizará el seguimiento y coordinación de los actos de planeación, investigación de mercado y procedimientos de contratación.
Al fijar la posición de Morena a favor del dictamen, la diputada Lidia Pérez afirmó que la intervención de la Función Pública contribuirá a que el procedimiento de contratación y la determinación del proveedor adjudicado se lleve a cabo con imparcialidad y objetividad, a fin de obtener las mejores condiciones para el Estado.
En representación del PAN, la legisladora Paulina Rubio sostuvo que al actual gobierno no le han bastado cuatro años para acabar con México y ahora busca aprobar esta reforma para que la Secretaría de Hacienda deje de realizar las compras consolidadas y, en su lugar, lo haga la Secretaría de la Función Pública, “porque se dieron cuenta que ahí está el negocio y quieren ser juez y parte”.
El legislador Javier Casique, del PRI, afirmó a su vez que la reforma es un grave retroceso para la administración pública, pues “se camina en contrasentido sobre los principios de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y lo único que podría resultar de la reforma es hacer de la Secretaría de la Función Pública una supersecretaría, pero super lenta, opaca y corrupta”.
EHR