El 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un mecanismo para liberar a personas que hayan cometido delitos contra la salud, robo simple o sedición; a indígenas con irregularidades en sus procesos y a mujeres encarceladas por el delito de aborto y personal médico o de partería acusado de ayudarlas a interrumpir un embarazo.
Las y los legisladores agregaron que la amnistía también beneficiará a personas encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, un tema que no estaba previsto en la propuesta original de López Obrador.
En septiembre, cuando el Presidente propuso otorgar el perdón y liberar a las mujeres encarceladas por tener un aborto, voluntario o espontáneo, por medio de la amnistía, defensoras de los derechos de las mujeres insistieron en que la mejor forma de hacer justicia era acabar con la persecución y despenalizar este delito.
Organizaciones que participaron en los tres foros organizados por la Cámara de Diputados para analizar esta propuesta, como Las Libres, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y AsiLEGAL, señalaron las deficiencias de la iniciativa, por ejemplo, que se trata de una ley que solo aplica a casos del fuero federal.
Como muestra, de acuerdo con el Legislativo, no hay una sola mujer recluida en cárceles federales por el delito de aborto. Por otro lado, hasta octubre, se registraban 552 carpetas de investigación por este delito, casos que son procesados a nivel estatal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las agrupaciones alertaron que, aunque muchas mujeres tuvieron un parto fortuito, fueron encarceladas por homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado, infanticidio u omisión de cuidados, delitos que no se contemplaron en la Ley de Amnistía, por ello consideraron que la mejor solución era despenalizar el aborto a nivel local.
En respuesta a estas observaciones, la Cámara de Diputados agregó a la ley que también se beneficiará a las acusadas de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco.
Sin embargo, hay un grupo de legisladores convencidos de que no es necesario despenalizar el aborto. Incluso en la sesión del miércoles 11 de diciembre, la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Adriana Paulina Teissier Zavala propuso eliminar la posibilidad de dar amnistía por aborto.
“Cómo podemos ser la Legislatura de la paridad y ser la que más ha legislado en materia de protección a la mujer y ahora damos un giro de 360 grados, por cierto, nada congruente, y hoy perdonamos a quienes no la valoran. Para mí algo es claro: quien no valora la vida no valora nada”, dijo. La propuesta de la diputada no prosperó.
En la sesión, la legisladora de Morena Lorena Villavicencio Ayala consideró que con esta ley no se agota el tema de justicia para las mexicanas, por ello exhortó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas que ya existen para despenalizar el aborto en el Código Penal Federal.
Si bien para algunas diputadas esta norma es un instrumento de justicia y pacificación, al ser un modelo que puede replicarse en las entidades federativas, en el debate la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Guadalupe Almaguer Pardo dijo que esta afirmación era una mentira porque no se otorgará la libertad a mujeres víctimas del delito de aborto.
“Falso de toda falsedad. Hoy se pone a consideración esta amnistía, un proyecto de ley que en primera instancia pudiera verse como un avance en los procesos de justicia restaurativa. No podemos aceptar tal demagogia. Debemos señalar que el Congreso únicamente puede otorgar amnistía por delitos del fuero federal”, afirmó.
Para la diputada, si el Presidente de la República tuviera la intención de beneficiar a las mujeres, injustamente procesadas, promovería que los Congresos locales, con mayoría de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobaran las reformas legales para que ninguna esté en la cárcel sentenciada por decidir sobre su maternidad.
Si esta ley es avalada por el Senado, los jueces ordenarán a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal en casos de aborto a nivel federal, de los cuales no hay registro; o bien, las personas interesadas o sus representantes legales podrán solicitar este beneficio a una comisión que el Ejecutivo federal deberá crear.