La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobará la primera vuelta de la reforma integral a la Carta Magna del Estado que planteó el gobernador Samuel García, destacando el acceso a la justicia cívica, la creación de una Comisión de la Calidad de Energía, la obligatoriedad de la Educación Media Superior, un estado provida, entre otros 100 asuntos.
Según el dictamen 15138/LXXVI que contiene la reforma integral de 223 artículos, en poder de MILENIO, adiciona herramientas para instrumentar el derecho a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso y la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que todos tengan acceso a una adecuada defensa.
“Se modifican diversos derechos a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso, así como a la defensa jurídica asistida, prevaleciendo el criterio de gratuidad cuando la persona o víctima no tenga los recursos necesarios para solventar dicho proceso jurídico protegiendo el derecho de las personas a tener una adecuada defensa, principio constitucional que guarda este ordenamiento”, se lee en el dictamen.
El Estado, indican las consideraciones, garantizará el acceso a la justicia cívica de todas y todos los habitantes de la entidad, a través de mecanismos de resolución de controversias sin intervención judicial, con el fin de promover una cultura de paz que coadyuve con la prevención de los delitos y la recomposición del tejido social.
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“El Estado deberá promover una ley que alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico de la entidad, promoviendo la competitividad y productividad”, se lee en el documento.
También se reconoce que el estado tiene una composición pluriétnica, pluricultural, multilingüística.
“En el articulado de la propuesta se contemplan redacciones en materia de perspectiva de género con un vocabulario inclusivo, dentro de los distintos cargos de elección popular como de aquellos cargos de designación directa, siendo oportuno establecerlos dentro de este máximo ordenamiento estatal, obedeciendo a criterios y acuerdos jurisprudenciales tanto de órganos jurisdiccionales electorales como de carácter administrativo utilizados con lenguaje inclusivo”.
De hecho, la Comisión mantiene el párrafo tercero del Artículo 4 constitucional sobre la defensa de la vida.