Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y quien representa a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, calificó como positiva la orden de aprehensión a cinco elementos de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo que demuestra que hubo tortura a los implicados.
“Este tipo de acciones puede implicar que se rompan los pactos de silencio que hasta hoy impiden saber qué fue lo que ocurrió en la desaparición como en la investigación posterior”, dijo Aguirre a MILENIO.
“Lo que las familias han dicho es que para ellos es importante que se actúe contra quienes torturaron o manipularon la información no tanto por un ánimo de revancha o de castigo por castigo”.
La detención de los ex funcionarios, uno de ellos elemento de la Marina, derivó de la denuncia efectuada por la defensa de Carlos Canto Salgado, una de las personas detenidas en 2014 señalada por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El informe de la Organización de las Naciones Unidas Doble Injusticia concluye que hay por lo menos 34 casos con fuertes elementos de convicción sobre tortura.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieron ayer a un director de área de la Agencia de Investigación Criminal y al encargado de la seguridad en la Cámara de Diputados, Ezequiel Peña Cerda e Isidro Junco Barajas, respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
Santiago Aguirre dijo que la detención de dichos ex funcionarios hacen factible más detenciones de otros funcionarios además de su ex titular Tomás Zerón a quien un juez ya le ordenó orden de aprehensión, así como una ficha roja en Interpol.
AE