Los ayuntamientos de Tepeji del Río y Singuilucan reintegraron un monto de 84 millones de pesos de los 522 millones de pesos detectados en la red de corrupción que incluye a 13 municipios, informó el titular de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, aunque reconoció que esta acción no los exime del proceso de investigación, así como de responsabilidad administrativa o penal que deban enfrentar por esta malversación de recursos públicos.
El funcionario estatal recordó que los procesos se desarrollan de forma conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por lo cual pese a esta devolución de recurso, las personas involucradas de alguna forma con esta red de corrupción no quedan exentos de responsabilidad o procesos administrativos o penales que surjan de la misma.
Igualmente, Bardales Ramírez detalló los montos que los ediles reintegraron al gobierno estatal, por parte de Tepeji del Río 58 millones de pesos de un total de 71 millones de pesos que están bajo investigación; mientras que Singuilucan regresó 26 millones de pesos de un total de 110 millones de pesos que están señalados en la investigación, además de que tanto la Contraloría del estado como la PGJEH están en el análisis para saber qué tanto dinero se había quedado sin ejercer del total de 522 millones de pesos.
Asimismo, el contralor de Hidalgo reiteró que este reintegro no exime de responsabilidad a los presidentes municipales, tesoreros, así como las seis o siete personas que están involucradas de alguna forma con esta red de corrupción en cada uno de los 13 municipios.
“En todos los casos sin excepción se sigue una investigación en la PGJEH, en todos sin excepción habrá algún tipo de responsabilidad, de acuerdo a cada uno de los asuntos, no por regresar un recurso se resarce el error, hay responsabilidad de carácter administrativo o judicial con base en el delito; unos van a tener responsabilidades administrativas que los Órganos Internos de Control (OIC) van a llevar a cabo, otros de carácter grave ante el Tribunal Administrativo y otros se van por la vía penal”.
Finalmente, recordó Bardales Ramírez la participación en esta red de corrupción de al menos seis personas en cada ayuntamiento, entre los que se incluyen 13 presidentes municipales, 13 tesoreros, además de seis o siete funcionarios que en cada demarcación participaron ya sea en el Comité de Adquisiciones, de Obras, quienes participaron en la apertura de cuentas bancarias o transferencias de las mismas; “todos ellos son sujetos de investigación y cada uno tiene responsabilidad en cierto grado”.