La diputada Azucena Cisneros Coss propuso al pleno eliminar el “fuero” para que los servidores públicos puedan ser sujetos a procedimiento penal en libertad, pero se mantenga la inmunidad por ser ésta una condición para el libre funcionamiento de los poderes.
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Las reformas impactarían la Constitución local, donde se deja claro que los diputados jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las declaraciones o los votos que emitan y difundan con relación al desempeño de su cargo.
“Se propone que los servidores públicos que ahora están “aforados” puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, el mismo notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”.
Las reformas son a los artículos 30 fracción I, 42, 61 fracción 39, 131, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el fin de allanar el camino hacia la cuarta transformación, donde se finiquita jurídicamente la impunidad y los agravios que pudieran seguirse cometiendo al amparo del fuero, y de la inmunidad.
Afirmó que es debido a que se han reproducido prácticas contrarias a los valores democráticos que debieran imperar para el fortalecimiento de las instituciones, es un clamor ciudadano que sea eliminado para que puedan ser procesados como cualquier ciudadano, cuando falten a sus responsabilidades del cargo.
"El documento que fue turnado a análisis a comisiones considera que figura del fuero en México se ha convertido en un mecanismo de evasión de responsabilidades ante la comisión de algún delito e incluso, de impunidad ante faltas administrativas que se traducen en impunidad y falta de respeto a las leyes, al buen gobierno y hasta a las buenas costumbres de la ciudadanía"
Reconoció que el espíritu del Legislador al establecer inmunidad para los titulares de ciertos cargos, es proteger y dar garantía a la libertad de expresión de legisladores y servidores públicos, pero se fue desvirtuado y se ha convertido en una especie de salvoconducto o permiso para cometer delitos o actos de corrupción, y gozar de impunidad.
Para que todo servidor cumpla lealmente con sus obligaciones, agregó, es necesario eliminarlo, terminar con los excesos y el abuso del poder, así como evitar la impunidad al amparo de un cargo público, situando a todos los funcionarios desde el gobernador hasta los presidentes municipales.
Finalmente, dijo que se considera no separarlos de sus encargos, pues una vez iniciado el debido proceso penal contra el inculpado, este permanecerá en el mismo y gozará de la libertad hasta que se dicte sentencia.
MMCF