La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), anuló 13 casillas donde servidores públicos fungieron como funcionarios de casilla, con lo cual subió a primer lugar el morenista Darrwin Eslava Gamiño, quien podrá reelegirse como presidente municipal por un periodo más.
Además, declararon inelegible al priísta David Sánchez Isidoro por haber incumplido una sentencia laboral que debió atender, por lo cual, eso le impedía participar en la elección del pasado 6 de junio, por no tener sus derechos civiles y políticos a salvo.
Durante la sesión de este jueves los magistrados y la magistrada de la Sala aprobaron revocar la elección del municipio de Atlautla por violencia política en razón de género, en contra de la candidata del PRI, luego de la difusión de ocho bardas con mensajes misóginos, en su contra.
Esta es la primera elección que se anula en todo el país por violencia de género, a favor de la candidata del PRI, Carmen Carreño, a quien denostaron y colocaron en una posición de inequidad, reproduciendo roles y estereotipos que no se pueden tolerar.
Además, avalaron los resultados de la elección de Temascalcingo y las impugnaciones de Villa Guerrero, Coatepec Harinas y Nextlalpan, en torno a la distribución de regidurías. En el caso de Coacalco también modificaron la distribución de regidurías por el cambio de resultados electorales.
El caso Coacalco
El caso que generó mayor controversia fue el de Coacalco, donde la votación a favor de la ponencia de Juan Carlos Silva Adaya, fue por mayoría de votos, acompañada por el visto bueno de la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y el voto en contra de Alejandro David Avante Juárez, quien no acompañó ninguno de los dos resolutivos, pero sí el de Atlautla.
La ponencia del magistrado Adaya consideró como in-elegible al candidato priísta por tener una sentencia en su contra, que a su juicio no anula el haber optado por trabajo a favor de la comunidad. Lo cual fue debatido por el magistrado Avante, al considerar que eso ya era cosa juzgada y no le acreditaron mala fama pública, pues de otra manera no le habrían dado alternativas para purgar la condena.
Además cuestionó que la ampliación de la impugnación se llevó a cabo tres meses después y no dentro de los cuatro días marcados en la ley, argumentando que no eran legibles las copias de los resultados.
La magistrada Fernández debatió esto, al considerarlo una vulneración a sus derechos, pues Morena no contaba con elementos suficientes para ejercer su derecho a impugnar.
ledz