La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró procedentes los desafueros de los legisladores Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada y abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Toledo, imputado por enriquecimiento ilícito.
A solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro determinó que ha lugar a proceder penalmente en ambos casos.
Aprobado por unanimidad, con cuatro votos a favor, el dictamen sobre el desafuero de Huerta establece que “ha lugar a proceder penalmente en su contra, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales”.
La FGJ-CdMx presentó el 27 de abril ante la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra Huerta por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual contra menores de edad, después de ser acusado por un adolescente de 15 años de edad en un hotel de la colonia Juárez en la capital del país.
Por lo que hace a Toledo, la resolución señala que “ha lugar a proceder penalmente en su contra, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.
La Sección Instructora sostuvo que las probanzas aportadas por las partes, las obtenidas mediante solicitudes a diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del investigado dieron por acreditados los elementos que señala la legislación penal de la Ciudad de México. En el caso de Mauricio Toledo, los diputados Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena, votaron a favor de retirar el fuero, mientras Mary Carmen Bernal, del PT, lo hizo en contra y Claudia Pastor, del PRI, se abstuvo, ésta última argumentando múltiples violaciones al debido proceso e incluso “conflicto de interés” del presidente de la Sección Instructora.
Admitió, sin embargo, que la acusación de la FGJ-CdMx contra el legislador petista “arroja fuertes indicios para considerar que el denunciado tiene un patrimonio superior al que podría tener por la suma de las percepciones recibidas por los cargos públicos que desempeñó de 2009 a 2018”. “Sea lo que sea que decida la mayoría de la Sección Instructora me sumaré, en aras de evitar que por una fortuita coincidencia en el sentido con alguna o alguno de quienes integramos la Sección Instructora el asunto se empate y con esto se impida continuar con los trabajos, al ser de interés público conocer los resultados del proceso”, puntualizó la diputada priista.
Horas más tarde, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que solicitará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo lunes 12 de julio para discutir y votar los desafueros de los legisladores Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
El coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, precisó que el pleno cameral tomaría además conocimiento de un tercer dictamen de la Sección Instructora para desechar una solicitud de desafuero contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por considerar que no cuenta con inmunidad procesal.
Por mayoría, los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron solicitar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un periodo extraordinario de sesiones, cuya convocatoria tendría que ser aprobada por mayoría calificada de dos terceras partes en la sesión del miércoles.
“Se propondrá que la Cámara de Diputados se instale en jurados de procedencia por separado y, en un primer caso, se resolverá el dictamen de la Sección Instructora donde se declara la procedencia de la acción penal contra el diputado Benjamín Saúl Huerta”, señaló Mier.
Sobre el diputado federal Sául Huerta, el 21 de abril un joven de 15 años, originario de Puebla, salió corriendo de la habitación de un hotel de la Ciudad de México tras señalar que el legislador de 63 años intentó abusar sexualmente de él, quien lo contrató como asistente.
Ese mismo día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para aprehenderlo, pero su defensa legal alegó que al ser diputado federal tenía fuero constitucional y su proceso debía seguirlo en libertad.
El 22 de abril MILENIO documentó que Huerta Corona usaba el mismo modus operandi con otros jóvenes, pues uno de ellos contó que también fue atacado sexualmente en septiembre de 2020 por el diputado, pero logró escapar.
Apenas 72 horas después, otro menor de edad acusó ser agredido pero en 2019. Ante la magnitud de los señalamientos, el entonces diputado de Morena renunció a sus aspiraciones de reelección.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, condenaron los hechos.
Para el 24 de abril el legislador ya había borrado todos sus perfiles en redes sociales y a partir de entonces desapareció de la vida pública; incluso no volvió a sesionar en el Congreso ni de manera virtual o presencial. Un día después Morena lo expulsó de su grupo parlamentario.
Para el 27 de abril, una semana después de la primera denuncia, la FGJCDMX presentó la solicitud de desafuero del legislador poblano, la cual fue atendida y avalada hasta el pasado lunes, 69 días después de la petición y 75 días días después de la denuncia.
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