La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró sanciones contra 55 servidores públicos y una empresa por irregularidades que van desde pagos por mercancía que nunca fue entregada y manipulación de precios hasta acoso sexual, nepotismo y uso indebido de recursos públicos.
Las resoluciones incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años, además de sanciones económicas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos. Los casos corresponden a investigaciones realizadas en dependencias y organismos del gobierno federal.
El caso con la mayor sanción económica involucra a Carlos V., Manuel L. y René G., funcionarios de las oficinas centrales de la entonces Diconsa, quienes fueron inhabilitados por 10 años y deberán responder por 73.4 millones de pesos debido a que en 2020 autorizaron el pago de carne sin que se comprobara la entrega del producto.
Los mismos tres funcionarios fueron sancionados por otra operación realizada en Segalmex, esta vez por la compra de atún en 2019 por 16.6 millones de pesos cuya entrega tampoco pudo acreditarse. Por este caso también fue inhabilitada durante un año la empresa G., que deberá responder junto con los servidores públicos por el monto de la operación. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), América M. y Jael L., adscritas al área de Abastecimiento y Equipamiento en Morelos, fueron inhabilitadas por 10 años y sancionadas con 10.1 millones de pesos por modificar en 2021 los precios de mercado utilizados para comprar tóner, lo que incrementó los costos y permitió asignar a una empresa un contrato por ese mismo monto.
Otro caso ocurrió en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde José P., trabajador de Gestión Comercial en Sonora, fue inhabilitado por 10 años después de cobrar 500 pesos a ocho usuarios de Álamos a cambio de no reportar que utilizaban indebidamente energía eléctrica. La investigación acreditó que realizó estos cobros en 18 ocasiones durante 2021 y recibió además una sanción económica de 72 mil pesos.
En la Guardia Nacional fueron destituidos 10 servidores públicos que presentaron certificados de estudios inválidos como parte de los requisitos para obtener sus licencias de portación de armas de fuego. Los documentos fueron entregados durante 2024 y 2025 y presuntamente habían sido expedidos por distintas autoridades educativas.
El resto de las sanciones alcanzó a trabajadores de Pemex, Cultura, Gobernación, Banco del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Aduanas, SAT, Servicio Postal Mexicano, ISSSTE, Conagua, Financiera para el Bienestar, DIF y Procuraduría Agraria, entre otras instituciones, por conductas que incluyeron acoso y hostigamiento sexual, nepotismo, irregularidades patrimoniales, uso de vehículos oficiales para acudir a carreras de caballos, manejo indebido de dinero y documentos, ausencias laborales y utilización de equipo institucional para consultar contenido para adultos.
Buen Gobierno precisó que las faltas graves fueron sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a partir de las investigaciones realizadas por las unidades de responsabilidades y órganos internos de control, mientras que la propia Secretaría impuso las sanciones correspondientes a faltas no graves.
LG