El diputado federal Alejandro Carvajal pidió exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a no incluir en el Buró de Crédito a los ciudadanos que no han podido pagar créditos bancarios, a causa de la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.
Carvajal explicó que establecer la política de castigo en el buró de crédito a nuevos deudores podría complicar la reactivación económica tras la pandemia.
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“Estamos solicitando que mientras dure la epidemia decretada por la Secretaría de Salud, no se suba al buró de crédito a los acreditados y no se les ponga una calificación negativa en el buró, porque de establecer una política de castigo en el buró de crédito, será más complicada la reactivación económica del país, al no poder sacar otro nuevo crédito u otro nuevo financiamiento y así lograr la apertura de sus negocios o lograr generar economía para sus familias a través de un crédito”, dijo el legislador de Morena.
El diputado estimó que tres de cada 10 acreditados a nivel nacional han caído en mora a causa de la pandemia de covid-19 y están tratando de solucionar con algún convenio su estatus crediticio.
Aseguró que la crisis sanitaria ha provocado un deterioro financiero de “magnitudes incalculables”, en el que no se ha contemplado la defensa de la gente que tiene un problema financiero con el banco o que tiene una hipoteca, o que presenta algún adeudo y está cayendo en cartera vencida.
Carvajal aseguró que de 24 millones de personas que tienen un crédito vigente con alguna institución crediticia, siete millones han buscado alguna prórroga o reestructura para poder pagar sus créditos.
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Por ello, adelantó que impulsará un pacto nacional en defensa de la vivienda y patrimonio familiar con diversas acciones para proteger las finanzas de los mexicanos.
Entre las acciones a realizar en ese sentido, adicional al punto de acuerdo propuesto con el exhorto a las tres instituciones mencionadas, estarán algunos llamados a las autoridades financieras y reguladoras para que lleven a cabo acciones de reestructura de créditos y bajen las tasas de interés.
"De lo contrario, estaríamos en una crisis financiera de mayores magnitudes a la del 2008 en Estados Unidos, a la del 94 en México, con el riesgo de que cerca de 11 millones de familias pierdan sus viviendas o pierdan su patrimonio familiar”, aseguró.
FLC.