Luego del derrumbe de una construcción en el fraccionamiento Espacio Cumbres en donde murieron ocho personas, la fracción del PAN en el Senado de la República anunció una reforma a la ley para obligar a los particulares a realizar peritajes a sus obras.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y senador por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, explicó que se trata de una reforma a la Ley General de Obras Públicas para incluir un capítulo exclusivo para obras privadas.
La idea, dijo, es que los particulares estén obligados a contratar un peritaje externo para que evalúe que su obra esté acorde con los permisos de construcción.
"(Buscamos) que se tengan que realizar dictámenes parciales en las obras privadas y aportarlos al gobierno para demostrar, a través de un peritaje en la materia, que se está cumpliendo con el permiso.
"El permiso trae toda una estructura de cálculo, todo un planteamiento y programación de obra que muchas veces no necesariamente se cumple", dijo.
Fuentes Solís consideró que es importante establecer esta obligatoriedad para los particulares debido a que los municipios no tienen la capacidad para supervisar las obras privadas.
"Jamás tendría ningún municipio de una ciudad importante toda la capacidad de supervisión para ir al detalle de cada una de las obras privadas; si de lo público es complicado, de lo privado sería imposible", alegó.
El peritaje, mencionó, podría variar según el tipo de construcción, ya sea mensual o bimestral, y serviría para detectar anomalías y poder prevenir tragedias como la que ocurrió en Espacio Cumbres, o en su caso, para deslindar responsabilidades.
"En esta Ley General el planteamiento es ese, que no únicamente se audite la obra pública sino también ir hacia lo capítulos de obra privada, particularmente aquella que tiene una vocación pública como un centro comercial", dijo.
Víctor Fuentes señaló que ya hubo un anteproyecto de esta reforma en la legislatura pasada pero que no transitó porque la bancada del PRI se opuso, sin embargo, dijo, ahora que el tricolor es minoría podría estar listo el dictamen en dos meses.
Finalmente, para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras y de cualquier ciudadano que se vea afectado por alguna falla de la construcción, también se obligaría a los particulares a dar de alta la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).