Busca PRI endurecer penas por huachicoleo

El diputado Álvaro Ibarra señaló que la idea es agravar hasta en una mitad la sanción impuesta a los contratistas, permisionarios, distribuidores y funcionarios públicos que incurran en este delito.

Álvaro Ibarra, diputado local del PRI. Foto: Especial
Victoria Félix
Monterrey /

Con el fin de endurecer el castigo para quienes participen en el robo de combustible, la bancada del PRI propondrá una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Mediante un comunicado informaron que la idea es agravar hasta en una mitad más la sanción impuesta a los contratistas, permisionarios, distribuidores, funcionarios públicos y prestadores del servicio que incurran en este delito.

Y es que actualmente la ley contempla esta agravante solo para los prestadores del servicio, pero no para quienes los contratan o están a cargo de la distribución del producto, indicó el diputado Álvaro Ibarra en representación de su bancada.

“Vamos a proponer que dicha agravante también se aplique al propio asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, dado que tienen la misma responsabilidad, o incluso más, que el propio trabajador o prestador de servicios.

“Estamos solicitando que dicha sanción se aplique a todo servidor público, ya sea del orden federal o local, que esté involucrado en este ilícito y que se le destituya del cargo e inhabilite para ocupar algún otro puesto”, indicó el priista.

Asimismo, adelantó la intención de agravar un 25 por ciento la pena económica para quienes incurran en este delito.

Lo anterior para quedar en un rango de 422 mil 450 pesos, como monto mínimo, y de un millón 795 mil 412 pesos, como máximo, de acuerdo a la gravedad de la falta.

La propuesta, dijo, surge con el fin de coadyuvar con la estrategia implementada por el gobierno federal contra el robo de combustible y evitar tragedias como la ocurrida el pasado 18 de enero en el estado de Hidalgo, donde 114 personas murieron en una toma clandestina.

Opinó que el castigo debe ser parejo para quienes se dedican al ramo energético como para los servidores públicos que participen o sean cómplices de una sustracción ilegal de hidrocarburos.

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