La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de eliminar la facultad de los congresos estatales para decidir sobre el desafuero de gobernadores, legisladores y magistrados locales acusados de delitos federales.
El proyecto de reformas al artículo 111 de la Constitución prevé que la Cámara de Diputados concluya los procesos de desafuero, a fin de que los referidos funcionarios puedan ser llevados a juicio penal, sin necesidad de que las legislaturas de los estados se pronuncien al respecto.
“En Morena buscamos que no haya fueros ni beneficios indebidos en favor de nadie; queremos desenquistar a la vieja clase política que ha diseñado las normas para garantizar la impunidad ante la corrupción que ha cometido, y es por ello que se propone modificar el artículo 111 constitucional, a fin de que los delitos federales cometidos por un servidor público local sean efectivamente investigados y, en su caso, procesados judicialmente”, puntualiza.
La iniciativa suscrita por la legisladora morenista Reyna Celeste
Ascencio fue presentada justo cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desahoga un juicio de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y el congreso de esa entidad, de mayoría panista, aprobó un acuerdo para “blindar” al mandatario ante su eventual desafuero.
De acuerdo con la propuesta de enmienda constitucional inscrita en la Gaceta Parlamentaria, no existe justificación para que haya un nuevo procedimiento ante las legislaturas locales, pues los delitos de los que se les acusa son de orden federal.
“El texto actual es producto de una modificación constitucional del 28 de diciembre de 1982, es decir, que en ese año se fortaleció el pacto de corrupción para los gobernadores, por lo que estamos eliminando una concesión graciosa del régimen priista a sus gobernadores, que iba dirigido a que nunca fueran procesados por delitos federales”, subrayó Ascencio.
Expuso que el propósito de la iniciativa es reformar el artículo 111 constitucional, a fin de que el funcionario local que cometa un delito federal pueda ser sujeto de juicio de procedencia o desafuero en la Cámara de Diputados y llevado a juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a la legislatura local.
Afirmó que el texto vigente genera un “estado de impunidad” para aquellos gobernadores y autoridades locales que han cometido delitos federales y, aprovechándose de la remisión del asunto a la legislatura local, que comúnmente tienen dominada, daría como resultado que no sea desaforado ni separado del cargo.
El quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política establece actualmente:
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas (…) se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
JLMR