Maricruz Roblero, secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, propuso modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión y que expida una ley general en materia de desplazamiento forzado interno.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, plantea la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.
Indica que en la actualidad, la atención en la materia se enuncia en la Ley General de Victimas, pero falta una normatividad integral; asimismo, plantea que este tipo de traslado es un fenómeno asociado a factores como recrudecimiento de la violencia de alto impacto, narcotráfico y crimen organizado que se padece en todo el territorio nacional con implicaciones particulares.
Los estados que han alcanzado escenarios graves son Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, debido a que esta problemática no es prioritaria dentro de la agenda política.
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El desplazamiento se presenta también en otras entidades del país y su origen se debe a conflictos sociales, territoriales, religiosos, interétnicos, políticos, discriminación e intolerancia, megaproyectos de infraestructura, disputas sobre los recursos naturales, así como desastres ambientales.
Cifras del Informe Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalan que la población desplazada forzada, en el mundo, alcanzó niveles históricos. En 2017 aumentó en más de 2.9 millones, número estimado en 68.5 millones de personas debido a persecución, conflictos y violencia generalizada.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que no existen fuentes cuantitativas ni instrumentos que midan el problema, por lo que no se han implantado registros oficiales que capte a esta población y tampoco se han diseñado encuestas de cobertura nacional y aplicación periódica que indiquen cómo ha evolucionado el fenómeno.
evl