Para desaparecer la Procuraduría Ambiental del estado y sancionar a las autoridades por no combatir la contaminación y a particulares que tiren desperdicios, el diputado local del PAN, Luis Susarrey Flores, propuso la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales en Nuevo León.
Susarrey Flores presentó una iniciativa de reforma en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, dirigida a los artículos 44, 158 y 160 de la Constitución, que cedería los investigadores de la Procuraduría y contrataría Ministerios Públicos “verdes”.
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“Para contribuir a garantizar los derechos reconocidos en el presente artículo, el Estado contará con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, cuyas atribuciones, integración y funcionamiento se regirán bajo las disposiciones de esta Constitución, de su Ley Orgánica y demás disposiciones de la legislación secundaria aplicables.
“Una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales que se dedique a investigar a fondo, que cuente con autonomía técnica, con presupuesto propio y por supuesto también, con atribuciones. Que tenga dientes para que realmente pueda castigar a las personas físicas y morales, fijas o móviles que estén contaminando empezando por el propio Gobierno. Como es el caso del Instituto de Movilidad, por la contaminación que generan camiones y taxis”, aseguró.
El gobierno, denunció, no pone el ejemplo y según los expertos, es un hecho que el mayor número de emisiones de contaminación viene del transporte público.
“Es una medida dura que puede ser polémica, que no soluciona quizá el problema totalmente, pero sí viene a dar solución a una de las partes más sensibles y que representa la mayor proporción del problema que nos ubica como la ciudad más contaminada del país”, añadió Susarrey Flores.
El legislador albiazul indicó que la Fiscalía Ambiental tendría las atribuciones para castigar los delitos ambientales, pues el que contamine deberá ser castigado en el momento, y podría ir a prisión, de acuerdo con el grado de sus actos.
También sería una Fiscalía autónoma como la de combate a la corrupción y delitos electorales.
Actualmente la Ciudad de México y Guadalajara cuentan con una Policía Ambiental.
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