Buscan someter el PJF al Ejecutivo, acusan jueces

A partir de las recientes elecciones, y especialmente desde la rendición de protesta del nuevo Congreso, se ha buscado debilitar al Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante ataques a su independencia para someterlo ante el Ejecutivo, señala el “amparo modelo” que utilizarán magistrados y jueces federales para combatir las recientes reformas impulsadas por Morena.

“Esos ataques no se limitan exclusivamente a los actos y normas reclamadas en este amparo, sino también a declaraciones que se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos, que lo que denotan es otra intención: la cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para disminuir controles a la concentración del poder que se evidencia por medio de la actual conformación del Congreso, así como de muchas medidas y leyes ya anunciadas”, indica el documento.

Milenio tuvo acceso al amparo de 268 cuartillas elaborado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, en el que se menciona que se han presentado también mociones para debilitar la composición del Consejo de la Judicatura Federal para controlar la intimidad de los juzgadores.

Entre ellas, la propuesta que reforma los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del PJF, que sujeta el ingreso y la promoción en la carrera judicial a la aprobación de controles de confianza, que incluyen exámenes patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico y toxicológico, entre otros.

“¿Estas propuestas responden a los intereses del poder político? ¿Es posible que se use el descontento popular y su percepción de la corrupción para la emisión de normas que socaven la independencia judicial? Si bien, estas propuestas aún se encuentran en fase de debate legislativo, los firmantes alegamos que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores (que establece que nadie puede ganar más que el Presidente) y el artículo 127 Constitucional son contrarios al orden constitucional y deben ser analizados desde la perspectiva del contexto actual.

“Lo que queremos aclarar es que la existencia de casos de corrupción no implica automáticamente que la corrupción pueda ser trasladada o atribuida a la totalidad de la institución”, se detalla en el amparo.

Los magistrados y jueces federales reconocieron que no se puede negar que el Poder Judicial afronta algunos problemas “destacables y de imagen” que no pueden ser ocultados, pero aclararon que esto no representa un problema sistemático ni generalizado para justificar la campaña negativa sostenida que se ha desatado desde el podio de algunos senadores ni del gobierno entrante.

Por ejemplo, las afirmaciones de senadores de que es necesario reformar un poder constitucional por la vía “externa, producto de la iniciativa y del ejercicio de las facultades de otro poder”. Para ello, recalca que en este momento existen en el Congreso Federal y en los congresos locales “las condiciones [...] para iniciar una reforma de gran envergadura”. O bien, que los miembros del Congreso afirmen que es necesario “sacudir al Poder Judicial”.

“En el Congreso se sometió a consideración una propuesta de reforma a los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En la exposición de motivos de dicha propuesta se puede apreciar que el senador Ricardo Monreal atribuye los casos de corrupción detectados en el Poder Judicial a la duración indefinida de los titulares del Poder Judicial de la Federación, por lo que considera necesario que todos sean relocalizados después de permanecer entre 3 y 6 años en la misma adscripción. 

“Esta justificación se basa exclusivamente en dos casos: el de un magistrado de Distrito en Durango y el de uno en Guanajuato. Compartimos que la lucha contra la corrupción y contra el nepotismo son causas nobles, sin embargo no es posible generalizar una situación, basándose en casos aislados”, se enfatiza en el amparo.

En este sentido, la mencionada asociación recordó que el Poder Judicial se encuentra compuesto por miles de funcionarios; en el ámbito federal existen en la actualidad aproximadamente 1429 titulares, entre ministros de la Corte, magistrados de circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura y magistrados electorales.

Antecedentes

1.- El pasado 29 de noviembre, los ministros Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío Díaz, declararon que Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a no bajar la guardia y a garantizar el sistema de pesos y contrapesos, en una época donde va a tener que contender con el poder político, y en momentos donde existe una crisis de la democracia y tentación de apoderarse de la justicia.

2.- Jueces y magistrados federales del país solicitaron a la Corte su intervención para que no se aplique Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, por lo que demandaron la aplicación de medidas cautelares. La Corte abrió dos expedientes.

3.- Ramón Lozano Bernal, titular del juzgado Décimo de Distrito con residencia en el estado de Sinaloa, y quien concedió la suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro para que no disminuya su salario, solicitó a la Corte atraer el amparo de la juzgadora por considerar que se trata de un asunto de interés y trascendencia. 

En el mismo sentido, existe otra petición de un juzgado para que la Corte conozca el caso de un secretario de acuerdos que también se amparó contra la mencionada ley.

Hace unos días, el juez Ramón Lozano se declaró impedido para seguir conociendo el asunto de la magistrada Rojas, porque planteó que dichas reformas también pueden impactar en él y, por ende, está por buscar un amparo.

4.- Milenio publicó que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF elaboró una “demanda de amparo modelo” con la que pretenden enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, afectan la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

5.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que la mencionada ley es contraria a la Constitución.

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