Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal que admita las pruebas que ofreció María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien intenta exponer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias de manera ilegal.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito instruyó al juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, que admita las pruebas y que solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), asistencia internacional.
La madre del mandatario estatal busca demostrar “la falta de solicitud expresa de bloqueo de sus cuentas” por parte de una autoridad extranjera.
Asimismo, la falta de competencia y facultades del Agregado Jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México, para solicitar tal bloqueo. Además, el incumplimiento de los requisitos legales que para el trámite de dichas peticiones deben seguirse, acorde con la legislación y procedimiento de EU.
En meses pasados, el juez Gastón Solórzano desechó las pruebas documentales presentadas por María de Lourdes Cabeza de Vaca.
Sin embargo, el Tribunal consideró que el juez debió admitirlas y solicitar el apoyo de las autoridades para el desahogo de estas.
“…la pretensión de la quejosa es poner de relieve la carencia de facultades de la autoridad extranjera oficiante y el incumplimiento de los procedimientos conducentes a la solicitud formulada para el bloqueo de sus cuentas bancarias, para lo cual, las pruebas ofertadas, son pertinentes.
“En consecuencia de lo anterior debe declararse fundado el recurso de queja, cuyo efecto será que el juez de Distrito deje insubsistente el acuerdo impugnado y emita otro donde se pronuncie sobre las pruebas documentales vía informe ofrecidas, prescindiendo de desecharlas por considerar que la quejosa no justifica haberlas solicitado directamente”, detalla la resolución.
Hace unas semanas, el mismo Tribunal Colegiado ordenó al juez admitir las pruebas del gobernador tamaulipeco, quien también cuestionó la legalidad del bloqueo de sus cuentas solicitado por la UIF.
En ambos casos, el juez deberá requerir el apoyo de la Cancillería para preguntar a las autoridades norteamericanas si “recomendó” el bloqueo de los activos.
El gobernador y su madre ofrecieron como pruebas dos escritos, donde solicitan preguntar a los agregados en México del Departamento de Justicia de EU y del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), sobre el documento que usó la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el bloqueo.