La compañía estadunidense Vulcan Materials Company aseguró que la supuesta denuncia que el gobierno de México presentó en su contra ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es objetable, pues esa institución internacional no tiene competencia en los temas de los que se le señala.
“La decisión del gobierno de México de plantear una supuesta denuncia ante una institución internacional que no está especializada, ni tiene ámbito de competencia en la materia, es objetable desde varios puntos de vista”, expresó en un comunicado.
“Seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN, el cual no se ve afectado por la supuesta ‘denuncia’ del gobierno de México”, añadió.
Vulcan informó que no conoce a detalle la supuesta acusación en su contra, dado que el gobierno de México no le ha proporcionado una copia de la denuncia.
La compañía, que en México opera bajo el nombre de Sac-Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), advirtió que continuará con el proceso del arbitraje internacional contra México, que se inició desde el sexenio anterior bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para reclamar por la suspensión de las actividades en dos de sus predios en Solidaridad, Quintana Roo.
El martes pasado, el gobierno mexicano informó, a través del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luis Albores presentó una denuncia ante la oficina de Michelle Bachelet por un supuesto “desastre ambiental”.
La secretaria dio a conocer la acción a través de un mensaje de Twitter en el que escribió: “el territorio es de los mexicanos, cuidarlo es nuestra responsabilidad”, “venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía”.
En respuesta, la compañía estadunidense emitió un breve comunicado en el en el que aseguró que el gobierno de México llama falsamente ‘destrucción ambiental’ y que es el mismo impacto, que, en su momento, el propio gobierno evaluó, autorizó y lo consideró aceptable.
Reiteró que la compañía tiene más de 30 años “operando de manera legal y acorde con los ordenamientos medioambientales de los tres niveles de gobierno.
“Nuestras operaciones en Quintana Roo, México han sido supervisadas de manera regular y constante durante décadas por Semarnat y Profepa sin objeciones sustantivas” señala el comunicado.
Además, informó que supo de la supuesta denuncia por medio de redes sociales y medios de comunicación, reiteraron sus planteamientos al más alto nivel del gobierno de México para mantener un diálogo directo y constructivo.
Calica, ahora Sac-Tun, es una empresa estadunidense que desde la década de los 80 extrae piedra caliza de tres predios ubicados en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Desde el 5 de mayo pasado, Profepa clausuró el último predio, La Rosita, que seguía habilitado para la extracción de piedra caliza y el 13 de mayo, el SAT le retiró el permiso que le había renovado en marzo para operar el puerto de Punta Venado desde el que la compañía exportaba el material pétreo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en junio que presentaría la denuncia contra Calica por un presunto desastre ambiental en los predios que explota la compañía y la negativa a detener inmediatamente los trabajos de extracción.
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