Tras afirmar que está “secuestrado” por los partidos políticos, las cámaras empresariales de Nuevo León lanzaron este jueves un llamado a retomar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y ciudadanizarlo.
- Te recomendamos IP pide actuar ante ola de inseguridad en Nuevo León y evitar poner en riesgo IED Negocios
Durante la firma del Acuerdo por la Ética y la Legalidad Nuevo León 2023-2027 realizada en el Palacio de Gobierno, con las cámaras empresariales y organismos internacionales, Gabriel Chapa Muñoz, de Coparmex, convocó a dar ese paso para el combate a la corrupción a través del SEA, pues se volvió inoperante.
“Quiero aprovechar para hacer un llamado a que como sociedad retomemos la correcta conformación del Sistema Estatal Anticorrupción; después de mucho esfuerzo de las organizaciones de la sociedad se había avanzado en este tema, pero en los últimos tiempos desafortunadamente este sistema se volvió inoperante al ser secuestrado por los partidos políticos.
“En el espíritu del combate a la corrupción y a la legalidad que hoy impera, queremos hacer un llamado a retomar la ciudadanización en los procesos de selección para los integrantes de los órganos de este sistema despolitizándolo en beneficio de todos”, dijo.
Al evento presidido por la Contralora General del Estado, María Teresa Herrera Tello, asistieron miembros del gabinete estatal y en representación del gobernador acudió Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía.
Por el sector empresarial acudieron además Fernando Canales, por la Canaco; Ana Fernanda Hierro, directora del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, y Jorge Lozano, presidente de Hagámoslo Bien.
La contralora expresó que el documento está alineado con el Plan Estratégico 2040, que establece como una de sus líneas estratégicas el promover la integridad pública y la ética como ejes rectores del servicio público.
“La firma de este acuerdo tiene como finalidad orientar a las empresas afiliadas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en sus organizaciones”, dijo.
El acuerdo contempla cinco ejes estratégicos: Promover la cultura de la legalidad, impulsar la participación ciudadana en el combate a la corrupción, consolidar los vínculos entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil organizada para promover políticas de integridad, robustecer los mecanismos de denuncia y fortalecer la integridad en los procesos de contratación.