Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación aprobaron los lineamientos para que todos los candidatos y candidatas que busquen participar en las elecciones del 2021 firmen un escrito de buena fe bajo protesta de decir verdad, en el que aseguren que no han sido sentenciados o sancionados por algún tipo de violencia de género.
Ante los argumentos de los partidos políticos de que sería muy complejo revisar el Registro Nacional de personas sancionadas por violencia de género, las y los consejeros acordaron imponer como requisito que todas y todos los participantes en la contienda firmen una carta de buena fe pero de comprobarse que mintieron, recibirán una sanción que podría implicar la pérdida inmediata de a candidatura.
La consejera Adriana Favela criticó que un grupo de legisladoras hayan entregado una carta para pedir al INE que agilizaran estos lineamientos, pues señaló que “fui muy tajante con Martha Tagle, con gusto apoyamos pero habla con los representantes ante el INE porque muchas veces son las propias representantes mujeres las que se niegan de alguna manera a esta circunstancia”.
Y se adelantó a las justificaciones que frecuentemente exponen los representantes de los partidos políticos “de que será muy difícil, según esto, estar revisando los distintos registros” y “ya sé que van a salir con sus argumentos en el sentido de que cómo es posible que estén poniendo mas requisitos de la propia legislación, que no está en la ley ni en la constitución, les digo como jurista que las normas no solo son las que están plasmadas sino darle sentido a las distintas normatividades y darle respuesta a los problemas que se nos están presentando.
“Entregar la mitad de las candidaturas municipales a las mujeres tampoco estaba en la constitución, se aplicó por jurisprudencia, así que no es que estemos legislando, es que estamos maximizando los derechos”.
Y se manifestó en contra de la propuesta de la consejera Dania Ravel quien planteó que la presentación de este formato fuera optativa y voluntaria y no tuviera consecuencias.
“No entiendo cómo una persona que haya cometido actos contra la mujer, que haya golpeado a las mujeres o incurrido en actos violencia doméstica, delitos sexuales o que ni siquiera mantiene a su familia, se le va a confiar un cargo frente a la sociedad, ustedes piensan que nada más porque se les registre a una candidatura van a cambiar su manera de ser ¡claro que no! Y menos si se trata de un cargo que les dé un tipo de inmunidad porque se sentirán mucho más protegidos”.
Por lo que aprobaron someter estos lineamientos iniciales al Consejo General y determinar el próximo 18 de noviembre cuando se definan los requisitos para el registro de candidaturas, qué tipo de sanciones se implementarán a aquellos candidatos o candidatas que mientan y se descubra que sí tienen un historial de violencia contra las mujeres ya sea en el ámbito político, laboral o familiar.
FS