El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, calificó de "razonable", juzgar a Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En entrevista, argumentó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas del 2017 “sí sustentaría la desaparición forzada”, en septiembre del 2014 de los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
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Antonio Guevara precisó que “mientras no se sepa la suerte y paradero, las personas que participaron en la desaparición, están cometiendo el delito de desaparición forzada”, incluso los funcionarios involucrados en las investigaciones.
“Todo servidor público que hubiera tenido conocimiento del paradero de estas personas y la ocultó: eso contribuyó a la desaparición forzada", comentó.
Como se sabe. por lo informado ayer por MILENIO, la ficha roja de la Interpol que busca a Zerón por varios países, le achaca a éste los delitos de tortura y desaparición forzada.
El entrevistado señaló que Zerón, como encargado de la investigación de los desaparecidos, pudo haber tenido información de que sus subordinados aplicaron tortura a detenidos “y no llevar a juicio a esos funcionarios bajo su responsabilidad, lo pueden hacer acreedor del delito de tortura o bien, pudo haber dado la instrucción de que se cometiera”.
Dijo que de darse cualquiera de estos supuestos “la información que se obtuvo bajo tortura él la utilizó para continuar con las investigación lo que lo hace responsable de la misma”.
El jurista argumentó que en materia de justicia penal y las responsabilidades de los funcionarios públicos son ampliamente reconocidas por el derecho internacional aplicable para México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ley mexicana.
“Sobre la desaparición forzada, ahí también quiero suponer, pues no hay información, que él pudo haber tenido conocimiento de la verdad de lo ocurrido, pero por continuar con la versión oficial, distrajo la atención de la investigación hacia otros lugares con lo cual se fomentó la desaparición de las personas”.
“Todo esto es algo que debe ser precisado en el juicio que se siga contra Tomás Zerón”, consideró.
Dijo que la responsabilidad de un secuestro o la privación ilegal de la libertad de alguna persona, no solo es un delito de quien lo hace “sino también de aquellos que, sabiendo que éstas están en algún determinado sitio o sabiendo cuál fue la suerte de estas personas y no lo divulga a solicitud expresa de familiares, contribuye en ese delito de desaparición forzada”.
Respecto a lo dado a conocer en días anteriores por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el caso Ayotzinapa, indicó que falta “deslindar responsabilidad penal de los militares. Tanto de lo sucedido en 2014, como en las etapas posteriores “de no brindar información, obstaculización del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o los obstáculos a las investigaciones de la PGR”.
Aunque calificó de positivo el paso que se está dando en el caso de los normalistas desaparecidos, comparó “solo es uno de los más de 150 mil casos de desaparición forzada de los años 60 a la fecha”.
“Es un primer paso en la enorme deuda de la FGR y la promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador de traer justicia a todas las victimas del país. En dos años de gobierno y que fue su promesa electoral y la ratificó en un encuentro de víctimas en septiembre de 2018: no ha cumplido a todas las víctimas, ahora solo cumple la Fiscalía en el caso de los 43 estudiantes”, consideró.
irh/RLO