Entre todos los casos de violencia contra las mujeres que se viven en México cada día, existen algunos que han impulsado iniciativas en el Congreso de la Unión y terminaron volviéndose leyes.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en MILENIO hacemos un recuento de estas historia.
Ley Olimpia
Se conoce de esta manera gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que reglan la violencia digital en los congresos estatales.
Dicha ley consiste en un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Ley Ingrid
El 9 de febrero de 2020, una mujer de 25 años fue asesinada en su casa en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Su nombre era Ingrid Escamilla.
Erick, de 46 años, era su pareja y fue detenido por ser el presunto feminicida. Policías de seguridad llegaron a la casa donde se había reportado el crimen y hallaron el cuerpo de la joven desollado en el piso.
No obstante, al realizarse el reporte de los hechos, las imágenes de la víctima fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación. Esto causó enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más.
A raíz de su feminicidio, se propuso la creación de la Ley Ingrid, la cual fue presentada por la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.
Un año después, el Congreso capitalino aprobó esta ley para sancionar penalmente a servidores públicos que difundan información o documentos del lugar o los hechos del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
A pesar de sus nombres, la Ley Ingrid y la Ley Olimpia no son leyes como tal, sino un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización.
Ley Monzón, en Puebla
La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022, cuyo autor intelectual fue su ex pareja y político Javier 'N', mismo que en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima.
Ante esto, nació la Ley Monzón, inspirada en la activista Cecilia Monzón, que propone
quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre,así como una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitación.
Ley Monse
Montserrat Bendimes, a sus 20 años, fue víctima de feminicidio a manos de su entonces pareja sentimental en 2021. De acuerdo con la legisladora morenista que propuso la iniciativa, Laura Imelda Pérez Segura, el agresor logró escapar con la ayuda de sus padres y familiares, y gracias a ello estuvo prófugo de la justicia por más de un año.
El proyecto establece en el artículo 400 del Código Penal Federal que las excusas absolutorias no se aplicarán en el caso de feminicidio cuando el encubridor o encubridores sean familiares consanguíneos y personas ligadas con el delincuente por amor, respeto, gratitud o amistad.
'Ley Malena', la iniciativa contra ataques con ácido
La más reciente fue la iniciativa que impulsó el caso de María Elena Ríos, una saxofonista —y ahora también activista— que fue atacada con ácido en Oaxaca en 2019.
Al conocer su historia, la diputada de Morena, Marcela Fuente, presentó en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa Ley Malena, con la cual se buscará tipificar y sancionar con prisión los ataques con ácido en contra de mujeres.
La legisladora detalló que con la ley, la violencia ácida obtendrá por primera vez su propia tipificación en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
Además de que se impondrá una pena de entre ocho a 12 años de cárcel en el Código Penal del Distrito Federal, llegando hasta 30 años mediante diversos agravantes.
EHR