Después de los registros de que fue vulnerado el derecho a la vida de siete personas en los centros penitenciarios del país entre 2016 y 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) realizó un llamado a considerar los impactos integrales que tendrán los cambios a la reforma Constitucional en materia de Justicia Penal, entre los cuales está el aumento de la población penitenciaria, lo que puede resultar en el agravamiento de las violaciones a derechos humanos.
Esta nueva recomendación 03/2020 establece que por lo establecido en la Ley General de Victimas y la Ley de Victimas de la Ciudad de México, en un plazo de 30 días naturales, las autoridades de los centros penitenciarios deben iniciar las acciones necesarias para impulsar la inscripción de las victimas indirectas.
Así como, el impulsar la inscripción de las víctimas indirectas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México para la aprobación de planes individuales de reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
En un plazo no mayor a 365 días naturales, después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad (CEAVI) apruebe el plan de reparación integral señalado en la presente recomendación, se deberán de ejecutar todas las medidas bajo los principios de máxima protección, debida diligencia y no revictimización.
Durante el acto, la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que la autoridad omitió también realizar un adecuado control en el ingreso, para evitar la presencia de objetos y sustancias prohibidas en los centros penitenciarios, que aún ponen en riesgo a la población.
Según lo que reportan las autoridades, estos siete fallecimientos derivaron de riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre personas privadas de libertad, y en ellas se evidencia una omisión en el deber de cuidado por parte de personal penitenciario y una situación de violencia generalizada en los centros.
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Ramírez Hernández apuntó que hechos similares ya habían sido motivo de otra recomendación en 2015, en la cual se documentó 40 casos que acumulaban 46 víctimas de muerte violenta dentro de los centros penitenciarios.
Según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 44.26 por ciento de los centros se observó una insuficiencia de vías para la remisión de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.
FS