El 92 por ciento de las empresas capitalinas que fueron víctimas de un acto de corrupción durante 2019 no denunciaron los abusos de las autoridades, de acuerdo con la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas de la Ciudad de México.
El sondeo que fue elaborado en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el gobierno de la Ciudad de México revela que las unidades económicas medianas son las que menos recurren a las autoridades (2.3 por ciento) mientras que las micro empresas tienen un nivel mayor de denuncia (7.6 por ciento).
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Las autoridades capitalinas resaltan una ligera disminución en el número de unidades económicas que creen o han escuchado que existe corrupción en los tramites que realizaron el año pasado con respecto a los años anteriores.
Los resultados revelan que en la encuesta de 2016 se tenía una tasa de 5 mil 849 empresas por cada 10 mil que reportaban una prevalencia de corrupción, mientras que para 2019 ese índice bajó a 5 mil 151 negocios.
Además, la tasa de empresas que fueron víctimas de la corrupción al momento de realizar trámites públicos fue de 653 por cada 10 mil unidades económicas, mientras que tres años antes el índice era de 908 por cada 10 mil.
A pesar de la reducciones, el 88 por ciento de las unidades económicas mencionaron que los actos de corrupción son frecuentes en la capital del país, donde sobresalen las medias de la alcaldía Azcapotzalco con 99.1 por ciento y de Miguel Hidalgo con 92.5 por ciento.
El 74.9 por ciento de los propietarios de empresas y negocios señalaron que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que 38.5 creen que son para evitar multas o sanciones y otro 28.6 por ciento dicen que sirven para obtener licencias o permisos necesarios para la operación diaria.
De hecho, los trámites que tienen que ver con autoridades de seguridad pública son los más frecuentes en generar prácticas ilegales , ya que 2 mil 251 de cada 10 mil empresas asegura que han experimentado un acto de corrupción, seguido por la obtención de licencias y el inicio de averiguaciones previas ante un Ministerio Público.
EB