En México, 84 defensores ambientales han sido asesinados en lo que va de esta administración, 24 de ellos en 2022, por lo que es el tercer año más letal, mientras que por número de agresiones, también es el año más violento para quienes defienden el patrimonio natural y el territorio, con 582 agresiones en 197 eventos –todos impunes–,reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Además, resaltó que la mayoría de los casos se relacionan con la oposición a la minería y proyectos del gobierno federal como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Tren Maya.
“En el año 2022 fueron asesinados 24 defensores ambientales, comparado con el año anterior habían sido 25, comparado con el año 2020 habían sido 18; encontramos que el 56% de las agresiones son en contra de pueblos indígenas y de comunidades.
"Cuando hacemos una suma de lo que ha sucedido en el período de la actual administración pública federal van 82 defensores ambientales que han sido asesinados, lo cual para nosotros desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental es algo completamente inaceptable, es algo completamente insostenible”, señaló Gustavo Alanís Ortega, director del CEMDA.
Al presentar los resultados del noveno Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el CEMDA, Alanís Ortega dijo que las agresiones más comunes son la intimidación con 25% de los casos; hostigamiento, 20%; amenazas, 11%; agresiones físicas, 10.5% y homicidios, 4.1%.
También dieron a conocer que este año se documentaron dos casos de espionaje por medio del programa Pegasus.
“Se contabilizaron 197 eventos de agresiones en contra de defensores ambientales, lo que implica 82% más que en el 2021; 2022 es el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014 –fecha en la que se hizo nuestro primer informe sobre la situación de las defensoras ambientales– y es el tercer año más letal para los que hacen este tipo de actividad que cada vez fue más peligrosa”, apuntó.
Explicó que los sectores de mayor riesgo de agresión son la minería con 19.8 por ciento, aunque la defensa de la biodiversidad representa el 19.3 por ciento de las agresiones, fue el sector más letal, con 10 asesinatos; además el 16% de los casos se relacionan a deforestación, 13% vías de comunicación, 10.7% con el sector hídrico y 8.6% en energía eléctrica.
“El sector de biodiversidad por su parte que abarca la protección y defensa del patrimonio biocultural, áreas naturales protegidas y elementos naturales documento 38 eventos de agresión, en este sector encontramos seis de las siete agresiones letales categorizadas como ejecuciones extrajudiciales y en este sector también encontramos cuatro homicidios, posicionándolo así el sector de biodiversidad, como el más letal durante el año 2022, con 10 personas defensoras víctimas”, destacó Luz Coral Hernández, abogada del CEMDA.
¿Quienes perpetran las agresiones?
El CEMDA reportó que entre quienes perpetran las agresiones se vinculan en un 45% a alguno de los tres niveles de gobierno, 21% no fue identificado, en 13% la delincuencia organizada, 7% paramilitares, 6% personas de la propia comunidad, 5% caciques y 2% empresas privadas.
“El agente agresor con mayor número de eventos registrados fue el gobierno con 89 en total, esto incluye los diversos órdenes de gobierno, a las fiscalías estatales y federal, a los cuerpos militares con tareas de Seguridad Pública, como la Guardia Nacional, Secretaría de Marina o Sedena e inclusive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta última con un registro de estigmatización.
"Esta categoría también se incluye la participación de binomios en los que algún representante estatal hace parte como gobierno y delincuencia organizada o gobierno y empresas”, dijo la abogada del CEMDA, Luz Coral Hernández.
La abogada detalló que durante 2022, también se documentaron “ataques continuados”, lo que implica una serie de agresiones diversas con ataques de hasta 14 días, que resistieron comunidades en Guadalupe y Calvo, Chihuahua y comunidades de Guerrero.
Dijo que de las 24 víctimas letales, 22 eran hombres y 2 mujeres, 16 de ellos, pertenecían a alguna comunidad o pueblo indígena, destacó que entre los más afectados, están las comunidades zapatistas en Lucio Cabañas o contra integrantes de Paso La Reina en Oaxaca y Ayotitlán, Jalisco.
“Perpetrándose contra ellas agresiones como criminalización robo y agresiones letales, el segundo grupo más agredido son las personas integrantes de las organizaciones de la sociedad civil identificándose estigmatización y hostigamiento como las agresiones más concurridas y entre las cuales encontramos también aquellas relacionadas con el proyecto a gran escala en marcha denominado Tren Maya”.
Además, dijo que el tercer grupo que concentró agresiones, fueron las personas comuneras donde se identificaron daños a la propiedad, hostigamiento, agresiones físicas y hasta agresiones contra la niñez, “tal es el caso por ejemplo de lo ocurrido en Cuatro Venados en Oaxaca”.
Respecto a la identidad cultural de los defensores víctimas encontró que integrantes de algún grupo o comunidad indígena fueron el mayor grupo con número de eventos de agresión documentados en su contra, con un registro de 102 de los 197 eventos de agresión registrados.
“Las comunidades indígenas zapotecas fueron quienes resistieron en mayor número de agresiones en su contra, esto en relación con frentes de defensa relacionados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o proyectos eólicos y mineros en Oaxaca; dos, que las comunidades nahuas registraron al menos 16 eventos de agresión, comunidades que resisten luchas de defensa por su patrimonio biocultural y frente a proyectos mineros de energía eléctrica y contaminantes, y tres, que las comunidades tepehuanas odamis en la región norte del país sufrieron al menos 14 eventos de agresión los cuales se encuentran relacionados con la defensa de su ecosistemas forestales”, detalló.
Por otra parte, la abogada destacó que 14 eventos de agresión fueron documentados contra mujeres defensoras ambientales como amenazas, estigmatización y dos casos de asesinato.
“Es importante señalar que se tuvo el registro de al menos tres eventos de agresiones de carácter sexual de los cuales dos se cometieron contra mujeres defensoras ambientales. mientras que uno fue perpetrado contra un hombre defensor”, indicó la abogada.
El CEMDA destacó que todas las agresiones perpetradas contra personas y comunidades defensoras son graves y deben ser investigadas y sancionadas, pero siguen en la impunidad, por lo que llamó a las autoridades a atender las recomendaciones incluidas en el Informe y al Estado mexicano, actuar conforme al vigente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), por el que debe cumplir con sus obligaciones para garantizar un entorno seguro para la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.
“Hay que atajar la impunidad, tenemos una impunidad en estos casos prácticamente del 100%, no hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado, no hay nadie en la cárcel.
"Necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo como le corresponde. Segundo, tenemos que tener una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales.
Tercero, hay que tener un verdadero mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos ambientales que tenga los suficientes recursos humanos y financieros que le permitan hacer su trabajo adecuadamente y finalmente, México tiene que entrarle fuerte a la implementación del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril de hace dos años”, sostuvo Gustavo Alanís.
JLMR