La senadora priista Sylvana Beltrones urgió a las secretarías de Salud, de Gobernación y de Seguridad a prevenir y castigar la falsificación de certificados de vacunación contra covid-19.
En un punto de acuerdo, la secretaria de la Comisión de Salud del Senado de la República remarcó que la falsificación del documento constituye un delito del orden federal sancionado con prisión.
MILENIO reveló en enero que en dos horas y por 3 mil 500 pesos es posible obtener un certificado de vacunación apócrifo en la plaza de Santo Domingo de esta ciudad.
Apenas a tres cuadras del zócalo capitalino, la delincuencia ofrece certificados falsos que acreditan la supuesta vacunación contra el covid-19 con la marca de la farmacéutica que elija el comprador, a fin de poder viajar al extranjero o cualquier otro propósito.
“Es prioritario que las secretarías de Salud, de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana tomen las medidas pertinentes para prevenir, detectar y castigar la falsificación de este certificado de vacunación”, subrayó la senadora Beltrones.
Indicó que, más allá de la comisión de un delito del orden federal, los certificados apócrifos representan un problema de enormes dimensiones, pues el objetivo principal de estos documentos es conocer el porcentaje de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño.
Sylvana Beltrones señaló asimismo la importancia de que la Secretaría de Salud asegure un procedimiento eficiente y expedito para la corrección de datos de dichos documentos, así como la descarga de estos.
- Te recomendamos Mexiquenses reprograman viajes al extranjero por restricciones y esquema de vacunación Ciencia y Salud
La legisladora del PRI se refirió a la necesidad de establecer plazos de respuesta y centros de atención claramente establecidos para aquellos casos que no reciban respuesta, a través de medios electrónicos, y garantizar el derecho de audiencia al ciudadano.
Detalló que, para conocer el porcentaje de la población inoculada, las autoridades realizan un registro previo y recolectan, entre otros datos, la CURP, edad, género y lugar de residencia.
Posteriormente se realiza el registro de cada persona vacunada, el tipo y número de dosis, lugar y fecha de la inyección, para posteriormente emitir el certificado de vacunación.
Beltrones sostuvo que, si bien nada justifica la obtención de un certificado apócrifo, la imposibilidad de obtener el certificado correcto representa para quienes se vacunaron en tiempo y forma un estado de indefensión que viola derechos fundamentales.