Tres inmuebles de ex funcionarios del municipio de Chimalhuacán fueron embargados por un desvío de más de 18 millones de pesos detectados tras una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
El presunto desfalco al erario público de esa localidad fue detectado por el propio OSFEM tras una revisión que hicieron al trienio 2016-2018 encabezado por la entonces presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez.
De acuerdo con los documentos del OSFEM, la administración no presentó 21 facturas por concepto de consumo de gasolina a autos, motocicletas y maquinaria propiedad del ayuntamiento por un total de 2 millones 145 mil pesos.
Sumado a que en 2018 la ex edil fue notificada sobre la falta de comprobación de 16 millones 342 mil 611 pesos con 45 centavos a través de la carpeta administrativa: OSFEM/UAJ/PART-IM/196/17.
El documento emitió tres observaciones, derivadas de la auditoría financiera y las cuales no fueron solventadas, ya que los ex servidores públicos no se presentaron a las audiencias.
El segundo expediente data de 2019 a través del oficio OSFEM/UAJ/PART-AF/137/19, en contra de Rosalba Pineda Ramírez, en su calidad de ex presidenta municipal; Raquel Robledo Ramírez, ex segunda síndico unicipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex tesorero.
“Omisión en el desempeño de sus funciones”, es el termino jurídico con el que se requirió a la ex alcaldesa y demás involucrados en la notificación enviada a sus respectivos domicilios, pero que fueron ignorados.
En las observaciones también fueron sellados Raquel Robledo Ramírez, ex segunda síndico municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex tesorero y que además fungió como presidente municipal suplente.
“Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa. Conforme a los establecido en el artículo décimo transitorio párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, deberán presentar por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, contando a partir de la fecha que haya tenido conocimiento de la presente”, señala la notificación.
Incluso, en febrero de 2020, al entonces alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez fue notificado sobre las irregularidades y fue exhortado para que realizara las acciones legales conducentes, sin embargo, el OSFEM no recibió una respuesta.
Ante la falta administrativa en la que incurrió Jesús Tolentino Román Bojórquez, el OSFEM requirió a la nueva administración 2022-2024 revisar el caso y se detectó que la administración pasada no dejó constancias de las actuaciones del caso.
Aunque los ex funcionarios fueron citados para desahogar las observaciones, pero no se presentaron por lo que el OSFEM ordenó a la Tesorería Municipal de Chimalhuacán llevar a cabo el embargo de bienes muebles e inmuebles ubicados en los barrios Tejedores, Hojalateros y Acuitlapilco.
“En cumplimiento a la resolución ejecutoria emitida en expedientes, el órgano fiscalizador determinó la responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Sergio Díaz Espinosa y Raquel Robledo Ramírez, ex servidores públicos del ayuntamiento, a quienes se les imputa un adeudo de 18 millones 487 mil 611 pesos con 45 centavos en perjuicio de las arcas del ayuntamiento, por la que se procedió a la incautación de bienes”, señaló el ayuntamiento.
La primera diligencia se realizó en calle Epatl, manzana 285, lote 18, Barrio Tejedores, donde fueron embargados dos televisores, dos computadoras, una impresora, un videojuego, una camioneta y cinco máquinas de coser industrial.
En el segundo domicilio, calle Amoxtli, lote 28, manzana 166, Barrio Hojalateros, se encontró vacío, por lo que se procedió a colocar los sellos de embargo.
Mientras que en el tercero ubicado en calle Tecomatlan, lote 2, Barrio Acuitlapilco, personal administrativo confirmó que no había bienes que pudieran ser embargados.
MMCF