La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó en sus manos la investigación del caso de dos hermanos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), quienes en 2008 denunciaron diversos ilícitos en la corporación, entre ellos tortura y en donde presuntamente está involucrado el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.
Se trata del caso de Javier y Arturo Herrera Valles, quienes según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) no han recibido justicia en las tres administraciones federales de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un comunicado de la comisión, el 8 de julio la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad No. 141/20 que trata de dicho caso. En la queja expuesta ante la CIDH en 2008, "los hermanos Herrera Valles fueron víctimas de hostigamiento, persecución, tortura, arraigo, y fabricación de delitos que no cometieron".
Ahí, Javier Herrera, entonces Comisario General de la PFP, "denunció en dos cartas con anexos documentales dirigidas al entonces presidente, diversas anomalías y posibles hechos delictivos en las que presuntamente participaban elementos de la institución policial, entre ellos, Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública".
Sin embargo, nunca hubo respuesta a lo expuesto, sino que "los hermanos Herrera Valles y los hijos de Javier, que también pertenecían a la corporación, fueron hostigados y sometidos a represalias en su contra".
En seguida, vino el cese de Javier Herrera de la PFP y "posteriormente él y su hermano Arturo, quien fuera comandante regional de la PFP, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, sometidos a arraigo, y acusados de los delitos de delincuencia organizada y en contra la salud; de igual forma sus familiares padecieron abusos y hostigamientos".
Lo que vino después es del conocimiento de la CIDH, quien después de 12 años de esos hechos hará la investigación pertinente.
Javier Herrera "fue detenido y sometido a diversos actos de tortura física que le generaron diversas lesiones, entre ellas la fractura de una costilla".
Al paso de los años "todas las acusaciones en contra de los hermanos fueron desestimadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), quien posteriormente les absolvió al considerar las pruebas como insuficientes e ineficaces". Fue así como la familia acudió a quejarse a este organismo internacional.
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