La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza contra las caravanas de migrantes en Chiapas y exhortó al Estado mexicano investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos de violencia, sancionar a los agentes estatales que resulten responsables, reparar integralmente a las víctimas y adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de estos hechos.
En ese sentido, la CIDH señaló que tuvo información sobre enfrentamientos que culminaron en agresiones y golpes en contra las caravanas de migrantes formadas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, en las cuales la Comisión advirtió que las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron escudos y toletes de seguridad para golpear en la cabeza y otras partes del cuerpo a las personas que se desplazaban, sin que estas tuvieran la posibilidad de defenderse.
En cuanto a las detenciones, la Comisión añadió que se cometieron en contra de familias enteras y personas adultas acompañadas de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, organizaciones señalaron que documentaron casos de personas que luego de ser detenidas fueron obligadas mediante el uso de aparatos para dar toques eléctricos a abordar autobuses para ser expulsadas hacia Guatemala.
Al respecto, la CIDH descalificó la actuación de las autoridades para enfrentar la movilización y destacó que la detención migratoria es una medida excepcional y que esta podría aplicarse conforme a lo autorizado por la ley, solo cuando se determine ser necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo.
En lo que respecta a la participación de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado en operativos de control migratorio, el organismo internacional dijo que la seguridad ciudadana y las funciones de control migratorio deben corresponder a fuerzas policiales, pues la designación de personal con perfil militar no estaría capacitado para responder adecuadamente a las personas con necesidades de protección internacional, incluidas aquellas en situación especial de riesgo.
“Es necesario realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria a personas en movilidad humana, dejando únicamente el actuar de tipo humanitario a personal civil especializado”, expresó la CIDH.
Finalmente, la Comisión llamó al Estado a implementar medidas para adaptar las estructuras e instituciones ya existentes, dotándolas de capacidades para procesar y decidir de manera adecuada y con respeto al debido proceso, la situación de los flujos masivos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y otras formas de protección humanitaria en el contexto de los actuales movimientos migratorios mixtos en la región.
KGE