La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy a México de la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado en la que declara responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos cometidas contra 11 mujeres durante las protestas de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Con esta resolución, la más alta instancia judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos confirmó las denuncias que las mujeres sobrevivientes han hecho a lo largo de 12 años, informó el organismo en un comunicado.
La sentencia emitida por la Corte en el caso Atenco debe servir para que el Poder Legislativo a revise la legislación con la que pretende crear la Guardia Nacional, a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano, que refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad.
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, destacó.
La Corte Interamericana confirmó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual y ordenó realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad y esclarecer la participación de la cadena de mando.
En relación a los actos cometidos contra las mujeres de Atenco, el alto tribunal reconoce que la violencia del operativo utilizó la violencia sexual como práctica represiva.
La Corte ordenó implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.
Las sentencias de la Corte son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.
Las once mujeres sobrevivientes acudieron al Sistema Interamericano desde abril de 2008, al constatar que ni el Estado de México ni la federación investigaban con diligencia lo ocurrido en Atenco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso en 2015 y dio la razón a las mujeres y exigió al estado esclarecer, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los hechos.
Ante la falta de cumplimiento, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y celebró una audiencia pública en noviembre de 2017 a la que acudieron las denunciantes.
OVM