Los ciudadanos interesados en la construcción del Tren Maya han realizado 4 mil 616 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para conocer detalles de dicho megaproyecto del gobierno federal.
Así lo dio a conocer Norma Julieta Del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al exponer un recurso de revisión en el que un solicitante se quejó ante el instituto de la negativa de Fonatur Tren Maya a transparentar contratos de los siete diferentes tramos de la obra.
Al respecto, el pleno de INAI determinó revocar la respuesta negativa de Fonatur Tren Maya y ordenarle buscar y entregar toda la documentación que se le requirió y que, en su respuesta inicial, negó contar con ella.
El solicitante pidió conocer los nombres de las empresas que fueron contratadas por Fonatur Tren Maya para realizar labores de supervisión en los siete tramos del proyecto; además, pidió conocer el monto y la vigencia de los contratos, así como el estatus en el que se encuentran.
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En su respuesta, Fonatur Tren Maya informó, a través de la Subdirección de Salas Náuticas y de la Subdirección de Administración Portuarias, que no cuentan con la información alguna que vincule con esta solicitud porque “no tienen ninguna intervención en las actividades que se llevan a cabo para la ejecución del proyecto del Tren Maya y tampoco ha suscrito contratos para la supervisión de obra”.
La dependencia se deslindó de la información y sugirió al ciudadano presentar su solicitud ante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
En una búsqueda realizada por la ponencia de la comisionada Del Río para analizar el caso, encontró que Fonatur informó, en respuesta a otras solicitudes, que la residencia de la supervisión que se ha venido estudiando se otorgó a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V.
“Como se ha podido observar, en términos del mismo instrumento contractual, ha designado al sujeto el recurrido dentro del presente recurso, para que funja como residente supervisor de obra, por lo que se presume que la información requerida debe de existir”, expuso Del Río.
La comisionada consideró que “se puede llegar a la conclusión de que el agravio, en este caso, resulta fundado, pues el sujeto obligado Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. podría contar con la información solicitada, en tanto sería residente de las contrataciones relacionadas con labores de supervisión, por lo que es dable que conozcan las razones sociales de las empresas vinculadas; luego entonces, no puede validarse la inexistencia hecha valer bajo el argumento de que no participa en los trabajos de proyecto del Tren Maya, y que no ha celebrado contratos de tal naturaleza”.
La comisionada planteó revocar la respuesta de Fonatur Tren Maya e instruirle a que realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas y cada una de sus unidades administrativas competentes, utilizando un criterio amplio de las razones sociales de las empresas, contratadas para realizar las labores de supervisión de la obra; el monto de los contratos; la vigencia; y el estatus en el que se encuentran desglosado por cada uno de los siete tramos del proyecto.
“El proyecto de infraestructura denominado Tren Maya está bajo la lupa de la sociedad y prueba de ello es el número creciente de solicitudes de información planteadas con los ciudadanos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales al momento se tiene una cantidad de cuatro mil 616 solicitudes, así como 18 mil 622 registros de información pública”, expuso.
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La comisionada aseguró que el interés de la población está plenamente justificado “porque es necesario saber que los recursos públicos destinados para esta ejecución se usan de una manera altamente responsable y de acuerdo a los fines establecidos”.
Consideró que “no hay excusas para esconder contratos, se los reiteramos: en el INAI, los órganos garantes, debemos estar atentos de que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno no usen la inexistencia y la clasificación errónea, como excusas para no entregar información”.
Al respecto, el comisionado Adrián Alcalá respaldó la propuesta al afirmar que “al tratarse de una obligación de transparencia y estar inmiscuidos recursos públicos, no hay razón justificada alguna para no entregar los contratos”.
El comisionado Francisco Javier Acuña lamentó que el Tren Maya otra vez sea tema de un recurso de revisión por parte de un ciudadano, pues “pareciera que también hay un tren de dependencias que forman un cabús tras cabús de problemas relacionados con la explicación sobre el Tren Maya”.
Aseguró que a la sociedad y al mundo le importa el Tren Maya, “a muchos porque son escépticos de su trazo y de su construcción, a muchos porque esperan que les cambie la vida, en el sentido de ser una obra que seguro ha derramado o va a derramar más recursos y a otros porque simplemente queremos saber qué pasa ahí, qué ha ocurrido y qué va a ocurrir, a partir de una decisión que ha sido polémica y que requiere permanente seguimiento”.
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