La corrupción le cuesta anualmente al país 7 mil 217.8 millones de pesos, donde los tres renglones más sensibles son los servicios de seguridad pública, los trámites vehiculares y los de educación pública, pero lo más grave es que sólo 4.6 por ciento de los involucrados en actos de corrupción denuncian.
Con base en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), especialistas en el Sistema Nacional Anticorrupción consideraron grave la falta de confianza en las instituciones y que 95.6 por ciento de la gente no denuncie y permita que reine la impunidad.
Durante el Curso Taller del SNA que se impartió en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, se insistió que este Sistema no es una nueva institución ni mucho menos una súper instancia que se va a encargar de luchar contra la corrupción, pues sólo es un espacio de coordinación entre las autoridades existentes, donde los ciudadanos tienen un asiento y participación.
Ricardo Salgado, director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia dijo que al menos el SNA ya está completo desde el viernes pasado que se logró nombrar al fiscal. Con esto ya no hay pretexto para generar resultados.
Sin embargo, destacó que todavía no están completos todos los sistemas estatales, apenas hay 22 de 32 y 24 secretarios técnicos, además falta un Comité de Participación Ciudadana y no se puede perder de vista que en este poco tiempo cuatro secretarios han renunciado a su cargo, entre ellos los de Tabasco, Coahuila, Durango y San Luis Potosí.
“Hay que revisar que está pasando, por qué han dejado los cargos, qué los ha orillado a tomar esta decisión”.
Bernardo Rojas Nájera, director de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del SNA, advirtió que la percepción de corrupción no mejora y sigue siendo uno de los principales problemas que observan los empresarios y la gente en general.
Todos los sectores tienen algún problema, ya ningún sector queda bien parado, como ocurría antes con la Iglesia; ahora ya muchos ciudadanos los señalan como un espacio lejano a la legalidad y ética.
En 2016 el 10.9 por ciento había experimentado algún acto de corrupción y tan sólo un año más tarde, en 2017, ya era el 14.6 por ciento, con la perdida de varios millones de pesos, donde tan sólo en seguridad pública se pierden mil 377.9 millones de pesos al año, 542.8 millones en trámites vehiculares y 89.8 millones en lo relacionado a educación pública.
Roberto Martínez Becerril, del SNA, expuso de qué trata todo el Sistema y advirtió que uno de los grandes problemas es que no se verifican las declaraciones patrimoniales ni se revisa si todas las evoluciones patrimoniales son acordes con el nivel de ingresos por lo cual no hay sanciones ni se cree en las instituciones.
Como el sistema es prácticamente nuevo, acotó, hay que evaluar este sistema y luego hacer los ajustes necesarios para combatir todos los lastres de ella, como es la inhibición de la inversión y las pérdidas millonarias.
LC