Al afirmar que México necesita más y mejor seguridad, pero no a cualquier costo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, alertó sobre el riesgo que para la institucionalidad civil y democrática del país representa la creciente influencia de las fuerzas armadas en los ámbitos de seguridad, desarrollo inmobiliario y obra pública.
El ombudsman nacional presentó este miércoles su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, en ese contexto, reafirmó su rechazo al proyecto de reformas sobre Guardia Nacional, por considerar que se trata de una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia, además de generar el riesgo de vulnerar derechos humanos.
“Reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país, por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática; expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios (…) es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, puntualizó.
Sostuvo que conceder poder económico a las fuerzas armadas significaría afianzar su poder político, mientras depositar en ellas el monopolio estatal del uso de la fuerza implicaría el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a esas potestades a favor de la autoridad civil.
De acuerdo con su informe, la CNDH emitió en 2018 un total de 101 recomendaciones. 90 de las cuales fueron ordinarias; ocho más, por violaciones graves de derechos, y las otras tres, de carácter general.
Detalló que seis de las ocho por violaciones graves se dirigieron a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina.
Entre las autoridades con más recomendaciones destacan el IMSS, con 21 casos; la PGR, 13; la Comisión Nacional de Seguridad, 10; la Fiscalía General de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco casos cada una; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Marina y la de Medio Ambiente, con cuatro, respectivamente.